Miércoles 31 de Agosto de 2005

Algo ha de estar fallando en la estrategia plebiscitaria del oficialismo, a juzgar por los recursos cada día más extremadamente confrontativos a los que apela en el desarrollo de su campaña permanente.
Esa política de agresividad constante es resistida ya por varios miembros del gobierno: Roberto Lavagna le saca el cuerpo a todos los compromisos proselitistas a los que lo invitan. El vicepresidente Daniel Scioli -aunque, a diferencia de Lavagna, concurrió al curioso acto de Rosario, provincia de Santa Fé, donde Cristina Kirchner lanzó su candidatura a senadora nacional…por la provincia de Buenos Aires- venía de cuestionar sonoramente las campañas que se basan en agravios y no en propuestas, comentario que le valió una reprimenda de los correveidiles presidenciales.

En Rosario, ante una audiencia formal y disciplinada, la senadora por Santa Cruz denunció crípticamente la existencia de un “pacto desestabilizador”. Al día siguiente, desde Bahía Blanca, su esposo se ocupó de traducir esa denuncia y, como afirmó, ponerle “nombres y apellidos” a los desestabilizadores. Según él, se trataría de Eduardo Duhalde (el hombre que le allanó el camino y lo impulsó a la Casa Rosada), Luis Patti y Carlos Menem. En el febril relato oficialista, ellos tres “están detrás” de la agitación piquetero, una preocupación recién estrenada, lectura de encuestas mediante, por el Presidente.

La denuncia no resultó verosímil. Los encuestadores más veloces registraron que para la mayoría de la sociedad se trataba de una estrategia propagandística mientras para otro porcentaje significativo era lisa y llanamente falsa.

La oposición, por su parte, reclamó que el gobierno actuara con criterio institucional: si tenía algo tan grave para denunciar debía presentarse con pruebas ante la Justicia.

El canciller Rafael Bielsa, arrastrado por el Jefe de Gabinete a una conferencia de prensa para sostener la denuncia oficial, probó la vía de una resistencia sutil al apuntar lo que parecía un consejo a la oposición: “Nadie ha llamado irresponsable al Presidente”, argumentó. En realidad, Bielsa es reluctante al estilo confrontativo de Kirchner: como candidato a diputado por la Capital Federal conjetura que esa nada despreciable cuota de crispación que el Presidente aporta a la campaña terminará de dañar sus posibilidades electorales. En cualquier caso, si su alusión a que la irresponsabilidad presidencial no había sido mentada era una forma delicadamente sutil de tomar distancia de ese estilo áspero, también constituía un error. El senador Eduardo Menem, por ejemplo, sí había aludido a ella.

La denuncia de la pareja presidencial aparece como poco plausible porque tiene escasa consistencia interna. Es cierto que Luis Pati va a ser electoralmente convergente con la candidatura senatorial de Hilda González de Duhalde, pero ese compromiso político no constituye ningún delito ni tiene nada de desestabilizador. Su posibilidad está contemplado en la ley electoral y ha sido aprobado por la Justicia. ¿Insinúa el gobierno que el mero hecho de no coincidir con él y encarnar el rol opositor es “desestabilizante”? Por otra parte, Carlos Menem no sólo presenta candidatos diferenciados en la provincia (a través del Frente Popular que constituyó con Adolfo Rodríguez Saa), sino que muy pocos lo imaginarían en un “pacto” con Duhalde, el hombre que en el Congreso de Lanas del PJ, en 2003, le quitó la posibilidad de ser el candidato unificado del justicialismo a través de elecciones internas (que Duhalde canceló). Si con alguien pactó Duhalde es con Néstor Kirchner, para ayudarlo a ser presidente. Que, con el tiempo, Kirchner quiera sacarse de encima a su aliado y benefactor, es otra cosa.

Y en cuanto a los piqueteros, ¿no resulta claro para todo el mundo que fue este gobierno el que sostuvo durante más de dos años una política permisiva, renuente a poner límites al desorden de las demostraciones de ese signo? ¿No es el gobierno el que ha acogido en su seno a varios de los dirigentes piqueteros, convirtiéndolos en funcionarios, candidatos o voceros informales (como es el caso de Luis D’Elía)? ¿Quién le ha garantizado indemnidad a D’Elía después de la toma violenta de la comisaría de La Boca? La comparación entre los hechos y la denuncia es tan elocuente, que le resta verosimilitud a ésta.

Para colmo, se trata de un recurso del que el gobierno tiende a abusar. En mayo del año último, el oficialismo ya proclamó la existencia de un complot. El disparador de aquella denuncia de 2004 fue el “descubrimiento” de un locro en el que coincidían militares retirados y civiles para celebrar la fecha patria. Luego de la precipitada denuncia se supo que a ese locro estaban invitadas autoridades civiles y castrenses, que no se trataba de ninguna actividad clandestina, sino de la reiteración de un festejo que se hace todos los años. No obstante, la propaganda oficial insistió durante varios días con la idea del complot. El diputado kirchnerista Miguel Bonasso declaró en el recinto de la Cámara Baja que había “una conspiración” destinada a “limar al Presidente” inspirada por “la derecha salvaje” y sectores de la prensa, entre los que mencionó al periodista Mariano Grondona y al diario La Nación. Vale la pena recorrer los diarios de quince meses atrás para recordar el antecedente. La interpretación pública del gobierno enlazó nombres y circunstancias y los dispuso, como dice el tango, “en el mismo lodo, todos manosea’os”; tras el presunto objetivo de dañar o acortar la gestión del Presidente se tejió una red imaginatva que unía un incendio provocado, el incremento del delito y su reflejo en los medios de comunicación, las opiniones de políticos opositores, los juicios de economistas profesionales, indefinidas presiones de empresas privatizadas, el cuestionamiento al manejo de la crisis energética; en la volteada cayeron, entre otros, Ricardo López Murphy, el politólogo Rosendo Fraga, Mauricio Macri, la periodista Nancy Pazos, el fiscal federal Carlos Stornelli.

Cuando, como en esta ocasión, se reclamaron pruebas, los voceros habituales del gobierno (Alberto y Aníbal Fernández) comenzaron a relativizar los dichos. El Presidente, invitado a formular la denuncia en sede tribunalicia por el (ahora sancionado) juez Juan José Galeano, se abstuvo de hacerlo.

Ahora comienza a ocurrir lo mismo: después de los rayos y centellas de la denuncia de la pareja presidencial, el oficialismo elude la presentación de pruebas y le quita envergadura a las palabras pronunciadas. Sólo se habría tratado de una constatación: Patti respalda la candidatura de Chiche Duhalde. ¡Chocolate por la noticia! La alteración oficial responde, asimismo, a la circunstancia de que, en convergencia con el proceso electoral, se manifiestan con más intensidad las luchas salariales de sectores obreros y los reclamos contra la pobreza de los sectores más maginados. Ciertamente, cuando el INDEC informa que la mitad de las personas empleadas cobran salarios de menos de 500 pesos, esa situación tiene explicaciones menos imaginativos que la denuncia de un complot.

Sucede que el gobierno está verificando que le cuesta penetrar con la candidatura de Cristina Kirchner en los sectores más humildes de la provincia de Buenos Aires –los que residen en el segundo y tercer cordón del conurbano, y procura entonces asegurarse el voto de las clases medias más acomodadas. Las encuestas revelan que estos sectores son los que más censuran al gobierno por su actitud permisiva hacia el desorden urbano. He aquí el motivo por el cual el oficialismo insinúa en los últimos días un cambio de política frente al fenómeno piquetero.

Si los estados estuvieran menos alterados y las urgencias electoralistas no fueran tan acuciantes, quizás sería más fácil descubrir que la inequidad social no se soluciona con desorden o que el orden no se resuelve con reacciones intempestivas. Pero no hay nada que hacer: la alteración y las urgencias de campaña son las que dictan la agenda.