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Lunes 01 de Diciembre de 2008 |
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Amigos son los amigos
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Más allá de las simpatías o disgustos que despierta en sus colegas, Hugo Moyano era considerado por estos, hasta la semana última, un navegante avezado en los secretos del océano kirchnerista, un negociador hábil y despierto. Inclusive Luis Barrionuevo, que lo desafía desde su CGT Azul y Blanca, confesó hace unos días que "cuando lo pusimos al Negro Moyano al frente de Azopardo acertamos, porque Kirchner se metió con todos los sectores, pero al movimiento obrero lo dejó tranquilo". El martes 11 de noviembre esos juicios sobre Moyano cambiaron radicalmente. Ese día se conoció el fallo de la Corte Suprema que, al declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Asociaciones Profesionales que impone la obligación de estar afiliado a un sindicato con personería gremial para ser electo delegado, abrió un surco decisivo en el clásico ordenamiento sindical argentino nacido con el peronismo. "A Hugo lo durmieron con el cuento de la amistad -comentaron críticamente los líderes gremiales-. Ahora vamos a tener que pelear". En rigor, pese a sus compromisos con Néstor Kirchner, Moyano venía en los últimos meses endureciendo un tanto su discurso, en procura de contener las quejas de la corporación sindical y el mal humor de las bases. Había cuestionado la verosimilitud de las estadísticas sobre costo de vida que dibuja Guillermo Moreno, apretaba las clavijas para reabrir las negociaciones salariales o para, al menos, conseguir una suma fija de alivio para fin de año. Hasta había involucrado a la CGT en el reclamo de investigación del asesinato de José Ignacio Rucci, cometido por la organización Montoneros en septiembre de 1973, y se disponía a presidir el lunes 17, en el salón Felipe Vallese de la sede cegetista de Azopardo e Independencia, la presentación del libro que devela aquel crimen: Operación Traviata, del periodista Ceferino Reato. Es cierto que el motor de este tema no era el mismo Moyano, sino el secretario general de las 62 Organizaciones, Gerónimo Momo Venegas; pero el camionero "bancaba": venía respaldando el debate y la reivindicación. Eso, hasta hace una semana. El lunes 10 , en la llamada mesa chica cegetista, Moyano dijo: "Muchachos, lo de Rucci del 17 lo suspendemos. Néstor se siente personalmente agredido por el tema Rucci, considera que la investigación del crimen está dirigida contra él y contra el gobierno. Creo que no nos conviene pelearnos por este asunto". El taxista Omar Viviani habló para respaldarlo. Todos los demás callaron, salvo Venegas, que expuso sus diferencias con el criterio, aunque lo acató. Tras ese nuevo favor al "amigo Néstor", el fallo de la Corte, difundido un día más tarde, sorprendió al gremialismo como un rayo en cielo sereno. Al estupor se sumó la bronca cuando se enteraron de que los jueces basaron su sentencia en un dictamen del Procurador Esteban Righi, íntimo de Kirchner y disciplinador oficial de fiscales. Hubo unanimidad en el criterio: el gobierno había utilizado a la Justicia para pagar sus deudas a la CTA, la central sindical alternativa que orienta Víctor De Genaro, dirige Hugo Yasky, cuenta con diputados amigos en el Congreso (como Claudio Lozano) y tiene influyentes defensores entre los asesores del esposa de la presidente (Horacio Verbitsky, para citar uno). Obviamente, la CTA celebró el fallo e interpretó que "llega a su fin" el régimen de "unicato gremial", que la CGT defiende y que ha privado a aquella de personería. La reivindicación de la "libertad sindical" ha sido, en general, alzada por los sectores adversarios del peronismo, que siempre vieron en el régimen gremial establecido en la década del 40 un obstáculo para desplegar su influencia. En 1984, apenas alcanzó la presidencia, Raúl Alfonsín impulsó una reforma con esa filosofía a través de un proyecto de ley que quedó vinculado a su primer ministro de Trabajo, Antonio Mucci y no pudo pasar la prueba en el Congreso. En la década del 40 del siglo pasado, Juan Perón impulsó, frente a los antiguos gremios por oficio, los grandes sindicatos por rama de actividad y ordenó las discusiones con el sector empresario poniendo a l otro lado de la mesa a organizaciones a las que, vía el testimonio de la afiliación de los trabajadores, el Estado les reconoce representatividad y les otorga personería (indispensable para discutir convenios). El último gobierno militar hizo caducar todas las afiliaciones a los sindicatos, basándose en la sospecha de que los padrones de las organizaciones estaban dibujados o inflados. El resultado fue que los sindicatos reafiliaron e incrementaron entonces la afiliación. Los defensores del régimen de "libertad sindical" proponen la conviviencia (y competencia) de varios gremios habilitados en cada sector de actividad; suelen tomar como ejemplo lo que llaman "la experiencia europea", que en rigor no se aplica en todo el continente, sino sólo en algunos países. Allí, los gremios tienen vínculos con distintas corrientes ideológicas (hay centrales comunistas, socialistas, trotskistas, democristianas) y la conflictividad laboral suele ser alta. En Argentina, en aquellas ramas en que el sector empresario (o el sector público) tiene que vérselas con más de un gremio, suele cundir el desorden: cuando uno de los sindicatos está en paz, otro hace huelga y se paraliza el conjunto de la actividad. Un ejemplo es el de la aeronáutica comercial. Otro, en el sector público, está a la vista estos días: la ciudad de Buenos Aires sobrelleva una huelga docente liderada por tres de la docena de sindicatos comprendidos en la actividad educativa. No hay clases, aunque la mayoría de los gremios acordaron con el gobierno de Mauricio Macri. La conmoción creada por el fallo de la Corte es amplia. Las empresas tratan de imaginar cómo será convivir en los lugares de trabajo con varias organizaciones gremiales (¿más de una comisión interna?) compìtiendo entre sí por las reivindicaciones. El gobierno (parte de él; antes que nada, el sector funcionalmente más próximo a la CGT : el ministro de Trabajo Carlos Tomada, el de Infraestructura, Julio De Vido) trató de minimizar los alcances del úkase del Tribunal Supremo, cricunscribiéndolo al caso específico que trataba. Por cierto, los fallos de la Corte no establecen un nuevo ordenamiento, ya que son casuísticos, pero indican una orientación normativa que termina transformándose en ley o imponiéndose por jurisprudencia. El gobierno debe afrontar, así, un período de fuertes tensiones laborales, signado por las suspensiones y despidos masivos que ya impone la crisis, en estado de conflicto con las organizaciones sindicales. Casi como una operación de manual, al día siguiente de la difusión del fallo que deprimió hasta el piso las acciones de Hugo Moyano, el gobierno produjo una movida destinada a re Superintendencia de los Servicios de Salud y colocó en su lugar al abogado Juan Rinaldi, un protegido del camionero. Se procuraba demostrar así que Moyano no había perdido los favores del matrimonio reinante. Se trata de una señal, claro está, pero no es claro que ella satisfaga al conjunto de los gremios como compensación por la fisura abierta en el ordenamiento sindical argentino. A través de Rinaldi, Moyano tendrá algo más que figuritas para distribuir entre sus colegas, pero estos son concientes de que, en el entretanto, la estructura sobre la que se asientan todos comenzará a desarticularse y comprimirse, gracias a la decisión de la Corte y al dictamen de Esteban Righi, bendecido por Néstor Kirchner. En cualquier caso, queda demostrado que Kirchner paga sus deudas con moneda ajena. Si a la CTA la conforma quitándole jurisdicción a la CGT, a Moyano le entrega territorios que antes administraba el albertismo, es decir la red de amigos del otrora poderoso Alberto Fernández, que hoy parece haber caído en desgracia. A esa red pertenece el desplazado Capaccioli, cuya influencia en la Superintendencia de Servicios de Salud le permitió convertirse en responsable y uno de los principales (junto a De Vido y a Claudio Uberti) reclutadores de cotizantes para la campaña electoral de la señora de Kirchner. La combinación de sus funciones como dispensador de licitaciones y compras estatales y recaudador de campaña lo convirtió en amigo de falsificadores de remedios, traficantes de efedrina y falsos aportantes. Esos pecadillos y su condición de amigo del albertismo lo convirtieron en víctima propiciatoria. Signo claro de que el oficialismo gotea por varias grietas. In partibus infidelis
Mientras el gobierno se esfuerza en emprolijar sus filas y su discurso, contempla el avance de la crisis y analiza emular –como evocó hace algunas semanas la esposa del doctor Kirchner- el éxodo jujeño, un sector de la oposición intenta hacerse cargo del reclamo de coordinación que transmite la opinión pública. La anunciada convergencia entre el radicalismo, el socialismo y la Coalición Cívica que orienta Elisa Carrió parece avanzar en ese sentido. ¿Es sólo una apariencia? Raúl Alfonsín, bajo cuya advocación la doctora Carrió fue recibida en el Comité Nacional de la UCR por Gerardo Morales y otros líderes de la UCR, se apresuró a aclarar que él había alentado "el diálogo" entre distintos sectores de la oposición, pero no "acuerdos electorales" que no tomaran en cuenta las identidades programáticas de los actores. El comentario público de Alfonsín, más que una prevención contra los encuentros, refleja las dificultades que tiene un amplio sector de la estructura política de la UCR para asimilar el estilo que la doctora Carrió acentuó después de dejar las filas radicales en las que se formó. Muchos radicales (sin excluir al propio Alfonsín) se disgustan cuando la líder de la Coalición Cívica le pone bolilla negra por decisión propia a figuras como el vicepresidente Julio Cleto Cobos o a amigos y eventuales aliados que figuran en las filas del peronismo. De cualquier modo, debe admitirse que la señora Carrió ha adquirido un crédito ante la opinión pública por su acción opositora que vuelve complicado para sus críticos darle expresión abierta a sus reticencias. Forzados por esa circunstancia, esos críticos deben armarse de paciencia y conformarse con el vaticinio de que "ella solita se encargará de chocar". En cualquier caso, el mapa de convergencia que ha dibujado hasta ahora el tándem Carrió- Morales sólo llega hasta el cordobés Luis Juez y el socialismo (importante aporte por su gobierno en Santa Fé, aunque precisamente son los socialistas que cortan el bacalao en esa provincia los menos entusiasmados con el armado que aquellos les proponen). Esa red está lejos de representar todo el bazar de la oposición actual, en la que es indispensable inscribir la corriente que sigue a Mauricio Macri, con eje en la Capital y flecos en el interior; los sectores centristas que conservan a Ricardo López Murphy como figura de referencia, y por cierto el vasto archipiélago del peronismo disidente, que crece al compás de los problemas y los vaticinios de de vulnerabilidad del oficialismo. Mientras trabaja la oposición de la realidad, la oposición política también empieza a dar señales de vida inteligente.
Jorge Raventos
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