|
La historia
mundial presenta variados casos de revueltas populares contra aumentos de
impuestos y también permite evaluar las consecuencias de esas revueltas, tanto
sobre los revolucionarios como sobre los gobiernos de cada época.
El caso sudamericano más conocido es la revuelta iniciada por Túpac Amaru. El
gobierno imperial español, acosado por el aumento de sus gastos -en particular,
los gastos militares-, intentó hacia fines del siglo XVIII aumentar la
recaudación elevando sensiblemente varios impuestos.
Uno de ellos fue la alcabala, un gravamen sobre las ventas, que duplicó su
presión, tanto por el aumento en la base impositiva como por la alícuota pagada.
Otra carga que había aumentado en aquella época había sido el tributo, una
contribución per cápita que pagaban las comunidades indígenas y que debía ser
recolectada por los caciques. Por nuevos censos, que aumentaban el número de los
tributarios, y por aumentos en los valores, también se duplicó su peso en la
década de 1780.
No es sorprendente que el líder de la revuelta, Túpac Amaru, fuera un cacique y
comerciante de mulas regional al que impactó, en especial, el incremento del
impuesto que afectaba a las transacciones económicas.
La Gran Revuelta, que fue finalmente derrotada por el gobierno colonial español,
tuvo un carácter muy sangriento: según algunas estimaciones, causó 100.000
muertos, la inmensa mayoría, indígenas.
Después de su victoria, el gobierno español decidió que las alícuotas pagadas
por la alcabala volvieran a los niveles iniciales, por lo cual tuvo una notable
caída en la recaudación. Esta revuelta ha sido considerada uno de los
antecedentes de los procesos de independencia americana.
La revolución de las colonias americanas contra Gran Bretaña también tuvo un
origen fiscal, similar al de la América española. Gran Bretaña deseaba que sus
colonias contribuyeran a cubrir los crecientes gastos atlánticos de defensa, y
por ello incrementó sin consulta muchos gravámenes o aranceles sobre una
variedad de productos, como el azúcar, la pimienta, el papel, la pintura, el
vidrio y el estampillado, que pasaban a pagar todos los impresos, entre ellos
los periódicos, los panfletos y los naipes.
El final de la revuelta es bien conocido. Con un costo humano de 60.000 vidas y
un costo económico inmenso, las colonias se independizaron de la metrópoli, que
perdió sus territorios y mercados. Adicionalmente, y por muchos años, los
Estados Unidos se perjudicaron, al perder el intercambio comercial y la
asociación con la mayor potencia económica de la época.
Mucho más recientemente, entre 1989 y 1991, Margaret Thatcher intentó aplicar un
impuesto per cápita para financiar los municipios de Gran Bretaña. La medida fue
muy impopular, ya que la población consideró que era regresiva y que aumentaba
la presión impositiva. Un acto de protesta realizado en Trafalgar Square, en
Londres, reunió a 200.000 manifestantes.
Esta resistencia fue uno de los factores que explican la caída de Thatcher, en
1990. Su sucesor, John Major, reemplazó la impopular medida por un sistema
alternativo.
Un caso local de revuelta impositiva protagonizado por colonos agrícolas fue
estudiado por Ezequiel Gallo. En 1891, las autoridades de la provincia de Santa
Fe decidieron establecer un impuesto a las transacciones de trigo y lino
realizadas en ese territorio. La nueva carga tributaria, junto con la anulación
de derechos políticos comunales para los extranjeros, fue muy impopular. La
movilización resultante estuvo muy ligada a la fundación de la Unión Agraria y
se transformó en una rebelión armada y un sustento de las revoluciones radicales
de julio y de septiembre de 1893. El resultado fue una feroz represión, con
varios muertos y cientos de colonos detenidos. Tuvieron que pasar algunos años
para que un gobierno provincial decidiera reducir la magnitud del gravamen.
Limitándonos a los casos expuestos, se pueden extraer conclusiones y observar
similitudes con el caso argentino actual. Una primera constante es que los
gobiernos quedan dañados por este tipo de revueltas populares, como lo muestra
en la actualidad la caída en la popularidad de la señora presidenta. La segunda
es que los procesos son muy costosos para las sociedades que los sufren. Todas
las partes pierden y se perjudican, como lo parece mostrar la desaceleración
actual de la economía argentina. Finalmente, parece difícil que los gobiernos
que imponen los aumentos impositivos puedan al final mantenerlos, aunque sean
vencedores de la puja. La última conclusión: siempre es mejor negociar (para
ambas partes) y encontrar una solución que dejar que estos conflictos sigan su
incierta y dañina evolución.
El autor es rector del Instituto Universitario Eseade.
Carlos Newland
Diario La Nación
|
