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Carne y corsodromo
En sus tres años de
gestión la figura presidencial ha conseguido concentrar adhesiones
sonoras y rechazos fervorosos. Mientras el viernes 5 de mayo, en
Gualeguaychú, el escenario del corsódromo (la pista de desfile de las
comparsas carnavalescas) no escatimó aplausos a Néstor Kirchner por su
gestión en el conflicto de las plantas papeleras que se siguen
construyendo en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, unas horas
antes, en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, un millar de
productores ganaderos y hombres de campo reunidos en asamblea apuntaban
contra el Presidente los dardos del sarcasmo más filoso y las críticas
más calientes a las medidas que castigan la producción y exportación de
carne. Ellos responsabilizaron sin intermediarios a Kirchner de promover
la muerte la ganadería argentina.
A esa concentración
personal de apoyos y cuestionamientos, de alineamientos disciplinados y
de ácida protesta resume el fenómeno que los analistas han bautizado
como poder presidencial. Se atribuye al doctor Kirchner un poder muy
grande porque hasta ahora el balance de tan encontrados sentimientos
favorece a quien los suscita.
Una mirada más atenta
a ese fenómeno de concentración quizás debería registrar algunos
matices. Los sectores críticos, aunque dispersos y aparentemente en
minoría parecen nutridos por sentimientos más vigorosos, más densos
(aunque también más cautelosos) que los que se ven en el campo de
enfrente. Es muy probable que la práctica del hostigamiento y la
confrontación áspera que ejercita el Presidente para imponer sus
políticas provoque, como contrapartida, una hostilidad reconcentrada
que sólo espera un momento oportuno para expresarse.
El campo de los
adherentes más notorios al gobierno está bastante bien representado por
las personalidades que colmaron palco y las plateas preferenciales del
corsódromo de Gualeguaychú: gobernadores, ministros y funcionarios
nacionales, intendentes, legisladores, representantes de la CGT y de
algunas organizaciones muy próximas al oficialismo, como algunos grupos
piqueteros con dirigentes ubicados en cargos públicos o Madres de Plaza
de Mayo.
No es fácil de
constatar, aunque no es improbable, la versión periodística de que para
el acto de Gualeguaychú "se tomó lista" o que, como señaló Joaquín
Morales Solá en La Nación, "las ausencias se pagarían con un
precio muy alto". Es que el dispositivo de poder del Presidente se basa
en el empleo de instrumentos que funcionan como fuerte coacción
disciplinaria. "A diferencia de Alfonsín y de Menem –acaba de señalar el
sociólogo Marcos Novaro- Kirchner prefiere que le teman a que lo amen, y
eso lo predispone a hacer un uso mucho más intenso de la presión y
también de la amenaza".
Un rasgo del modelo
económico kirchnerista cumple con esa función en varias direcciones:
el anclaje en el dólar alto. Suele afirmarse que ese recurso está
destinado a facilitar las exportaciones argentinas, dando un suplemento
cambiario para vitaminizar la competitividad de producciones que no no
la tienen por capacidades propias. En verdad, basta ver el
comportamiento del gobierno en relación a la carne para comprender que
las exportaciones no son algo que lo desvele: las ha prohibido
ocasionando daños en mercados ya adquiridos y obstaculizando la
conquista de otros precisamente en un instante en que la Argentina puede
ocupar plazas importantes. En realidad, el dólar alto es antes que nada
una plataforma para incrementar la recaudación del Estado central a
través de las retenciones a la exportación. Como las retenciones son el
ingreso principal del Tesoro central y no son coparticipables, el
gobierno nacional cuenta con recursos para otorgar premios y castigos
a discreción a provincias y municipios. Las atribuciones especiales
concedidas graciosamente por el Poder Legislativo al Ejecutivo, que le
permiten a éste modificar partidas del presupuesto nacional y cambiar
destinos de los fondos, así como la aprobación de un mecanismo de
tributación irregular ("cargos específicos" y manejo de fideicomisos)
que carecen de controles institucionales, incrementan la
discrecionalidad y la concentración del poder en manos del Presidente y
su entorno más cercano. El manejo de las obras públicas es uno de los
mecanismos de presión: "Pasamos del tiempo de la obediencia debida
a la época de la obediencia a De Vido", bromea con más amargura
que humor un gobernador. El nombre del abarcativo ministro de
Infraestructura es una metáfora, claro: De Vido es virtualmente un
seudónimo de Kirchner.
El gobierno
centraliza, disciplina, induce obediencia, coopta: en Gualeguaychú
consiguió que se subieran al palco algunos gobernadores radicales (uno
de ellos, el de Mendoza, consintió inclusive en ser orador), se agencia
de innumerables pseudopodos que actúan como representaciones virtuales
de sectores sociales y políticos. ¿No ocurre, sin embargo, que esas
incorporaciones se arrastran fundamentalmente a sí mismas y dejan a la
sociedad donde estaba, aunque cada vez con menos vasos comunicantes con
el sistema político y las instituciones estatales? Un ejemplo: el
gobierno empleó en cargos públicos, varios de ellos de jerarquía, a un
gran número de líderes piqueteros. Sin embargo ese hecho no disminuyó el
número de piquetes. Más bien al contrario, lo que puede observarse es
una piqueterización paulatina de la sociedad. La acción directa no sólo
se expresa en un sentido, sino también en el opuesto: los piquetes de la
Federación Universitaria de Buenos Aires han impedido en cuatro
oportunidades la elección del rector de la mayor casa estatal de studios
del país; en la última semana, un piquete formado por personal no
docente ejerció también la acción directa, pero contra los militantes
fubistas. Antes de eso, los piquetes ambientalistas de Colón, provincia
de Entre Ríos habían sido desalojados por la acción directa de vecinos y
comerciantes de esa ciudad y en Neuquén obreros petroleros y de la
construcción desalojaron por la fuerza a piqueteros docentes que
impedían el acceso a una refinería. La sociedad acude cada vez más
habitualmente al piquete y la acción directa para conseguir objetivos,
porque desconfía de instituciones que parecen vaciadas de contenido y
eficacia. Las instituciones de la seguridad lucen ausentes o pasivas
ante la acción directa; las instituciones representantivas llevan a
cabo tareas cada vez más residuales: el Congreso le asegura disciplina
al Ejecutivo y le transfiere atribuciones propias (presupuesto, cargas
impositivas) hasta límites dudosamente legales, no es demasiado
irrazonable que la sociedad se aparte de ese modelo. Hay, así un
Presidente cada día aparentemente más fuerte, aunque asentado sobre un
Estado y un sistema político cada vez más carcomidos por la
osteoporosis: ¿podría un Estado así mantenerse sólido en una situación
crítica?
Debilidades del
Estado: un ejemplo palpable está en el mismo caso de las papeleras. La
preocupación por acumular poder en el centro del dispositivo y de
manejar los asuntos en función de los registros de opinión pública llevó
seguramente a que, en su momento, se actuara con negligencia en materia
de controles sobre la eventual contaminación del río Uruguay. Lo cierto
es que el gobierno nacional en 2004 dejó asentada en documentos públicos
binacionales su aprobación a la instalación de las papeleras. El
gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, lo puntualizó
minuciosamente en la carta que dirigió al Presidente Kirchner para
explicarle por qué no estaría presente en Gualeguaychú: "Sr. Presidente,
durante su gobierno, Argentina y Uruguay celebraron un acuerdo en el
ámbito de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que se conoce como
Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay de Plantas
Celulósicas. En el mismo puede leerse al comienzo del acta: "
Teniendo en cuenta la implantación futura de plantas celulosas…."
Y más adelante establece una serie de controles especiales del Río, a la
altura de Fray Bentos y Gualeguaychú . Es fácil deducir, Sr. Presidente,
que durante su gestión la CARU ya había acordado sobre la instalación de
papeleras a la vera del Río y también acerca del monitoreo sobre la
calidad ambiental a partir de la construcción y funcionamiento de las
plantas".
Agrega el gobernador
puntano: "Esta información, negada o silenciada por su gobierno, se
encuentra disponible en el sitio de Internet de la propia CARU, de cuya
impresión me permito remitirle una copia. Una vez leída recomiendo que,
en caso de ser exacta al original, se la haga conocer a la ciudadanía
argentina, en virtud del derecho que tiene nuestro pueblo de acceder a
la información y a la verdad. En su momento el Canciller Rafael Bielsa,
en el Congreso argentino, expresó con orgullo que el problema de la
instalación de plantas papeleras en las orillas del R.U. estaba
resuelto, y que la Argentina había acordado el monitoreo de la
construcción y funcionamiento de las mismas".
Parece claro que el
debilitamiento de las instituciones y el vaciamiento de los controles
generaron un daño a los intereses del país´daño que ahora se agrava con
el enfrentamiento torpe y anacrónico con Uruguay, una postura que
refuerza la tendencia al aislamiento externo de Argentina y es
inconducente desde el punto de vista de la defensa del medio ambiente.
El "ambientalismo instantáneo" que exhibe ahora el gobierno antes que
acción política es una reacción política hacia la opinión pública
(principalmente la entrerriana), procurando capitalizar en términos de
proselitismo interno (y más concentración de poder) lo que es un
debilitamiento y aislamiento del Estado. Con todo, la opinión pública
vacila: "El Presidente no convenció a Gualeguaychú" titulaba el sábado 6
el diario La Nación. El "desencanto con el discurso" parecía fundado en
parte en que el Presidente no remató el show del corsódromo con el apoyo
taxativo que esperaban los vecinos más activos. Pero también porque la
naturaleza del ambientalismo de ocasión que adoptado el Ejecutivo quedó
ejemplificada por la defensa de las papeleras que actúan en territorio
argentino. Nadie ignora que si puede dudarse de la modernísima
tecnología de las plantas de Fray Bentos, la que se utiliza en las
fábricas argentinas no requiere de dudas en cuanto a su carácter
contaminante.
El gobierno atrapa
toda consigna y bandera que, a su juicio, puede dar réditos para la
concentración de poder. Ejercitado en la conjugación de un presente
perpetuo, reaccionando ante las situaciones con la mirada puesta en las
encuestas, ahora se ha colgado al hombro la bandera verde.
Pero hay una
diferencia entre virtualidad y realidad. Entre ambientalismo de ocasión
y política ambiental.
También hay diferencia
entre el control del índice precios y la contención de la inflación.
Una acción
gubernamental concentrada en cada situación presente, concebida como
una confontación y una oportunidad para la acumulación de poder
personal combina íntimamente con la lógica mediática y conlos
dispositivos que genera la inflación, que obliga a vivir sin otro
horizonte que la actualidad rabiosa, borra el largo plazo.
El gobierno se
concentra en el índice, que es lo que mes a mes sale en los diarios. El
secretario de Comercio, Guillermo Moreno, llegó a solicitar a
autoridades del INDEC el listado de comercios en los que se realiza la
encuesta de precios. Le costó entender la negativa de los funcionarios a
los que interpeló, cuando ellos alegaron que esa información estaba
resguardada por la Ley del Secreto Estadístico. ¿Para que necesitaría
ese listado?
Ya que no podrá
presionar en los locales donde se recoge la información de la encuesta,
Moreno ha decidido avanzar más sobre las empresas formadoras de precios.
El columnista Marcelo Bonelli afirma en Clarín que el secretario de
Comercio, en el curso de una reunión amable con empresarios de la
alimentación, les dijo: "Todos ustedes me deberán presentar y justificar
una estructura de costos antes de poner en vigencia cualquier aumento en
los precios". El funcionario completó: "Cualquier movimiento me lo deben
informar primero a mí como mínimo tres semanas antes, para que evaluemos
su viabilidad". Y remató: "También les quiero decir que no vemos bien
ningún intento de las empresas de recomponer los márgenes de utilidad".
Así, el gobierno
avanza en la política de controles, uno de los tres pilares en los que
parece decidido a asentarse. Los otros dos son: subsidios y
probablemente racionamiento (en el campo energético, la escasez por la
falta de estímulo a la inversión empuja en ese sentido). Junto al manejo
discrecional de recursos y el control de la obra pública, parece
establecerse la tendencia a que la economía de los particulares ceda
espacio a una creciente administración del aparato estatal.
¿Poder fuerte? Más
bien gobierno hiperconcentrado.
La obsolescencia de un Estado fofo y atontado, loteado por los
mecanismos prebendarios y coronado por el espíritu faccioso no puede
ser la expresión de una nación adaptada e integrada a la complejidad de
la sociedad globalizada. Es, por el contrario, el impulsor de la
desintegración y el aislamiento.
Jorge Raventos
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