CARTA DE ABELARDO RAMOS AL CONSEJO SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Buenos Aires, 24 de Febrero de 1984.
Señor Presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas Capital Federal
A título de historiador y de Presidente de un
partido político argentino reconocido por la Justicia Federal, me dirijo a Ud.
Y por su intermedio a los restantes miembros de ese Consejo Supremo para
expresarles mi opinión sobre algunos de los procesos que dicho Tribunal tiene a
su consideración.
Bajo la malvada presión de la prensa internacional y de ciertos medios de
comunicación locales, la opinión pública corre el peligro de confundir el
significado de los procesos en trámite.
Esa inquietud motiva la presente. Han sido detenidos por este Tribunal los tres
Comandantes que decidieron la reconquista de las Islas Malvinas. Si esas
detenciones obedecieran a la iniciación de la guerra contra la usurpadora
Inglaterra, se trataría en el orden histórico político de un grave error.
Reconquistar, después de una humillante espera de 150 años, un pedazo del
suelo nacional sólo puede ser considerado un crimen en Inglaterra, pero no en
la Argentina.
Otra cosa diferente es, como es natural, el análisis y juzgamiento de los
posibles errores tácticos, en materia de coordinación acertada de las fuerzas,
y temas profesionales conexos, propios de todo conflicto militar. Sería
imperdonable olvidar, como lo hace parte de la opinión pública bajo la innoble
presión de algunos medios de comunicación, que, al margen del carácter
político del gobierno en cuestión que resolvió la operación del 2 de abril,
esa decisión reinstaló a la Argentina en la interrumpida tradición de las
guerras de la independencia, nacidas junto con las milicias criollas en
1806.
Pero, si en cambio, el actual procesamiento de los Comandantes del 2 de abril
obedeciera a su condición de integrantes del llamado "Proceso de
Reorganización Nacional", parecería lógico que correspondería detener
asimismo a los otros Comandantes de 1976 y años siguientes, como así también
a los ministros, embajadores, y funcionarios gubernamentales que en alto número
proporcionaron la mayoría de los partidos políticos, incluso el que
actualmente está en el poder, para sostener el mencionado "Proceso".
Debe pues quedar perfectamente establecido para el presente y para la historia
que en el Proceso padecido por el país hubo una corresponsabilidad civil y
militar en el funcionamiento de la dictadura cuya única beneficiada fue la
oligarquía del puerto de Buenos Aires asociada al extranjero.
Para terminar, si la guerra de Malvinas es un motivo de orgullo nacional, el
proceso cívico militar que la precedió merece repudio general. Si hay que
hacer justicia, hay que hacerla integralmente. Esto es más urgente que nunca. Y
esta presentación de un compatriota nace de mi alarma al ver reinar la alegría
en Londres y la desmalvinización en la Argentina.
Saludo al Señor Presidente muy atentamente.
Jorge Abelardo Ramos
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