Domingo 03 de Abril de 2005

Entendemos que la competitividad es la aptitud de una comunidad nacional para saber producir en cantidad, calidad y precio adecuados los bienes y servicios que los mercados quieren comprar. Dicho en otros términos, la competitividad de una comunidad nacional es su capacidad para producir lo que se vende, lo que es muy diferente a proponerse vender lo que se produce. Por lo general, sólo se puede acceder a niveles adecuados de competitividad en aquellas actividades económicas en las que se cuente con ventajas comparativas de base, susceptibles de ser convertidas en ventajas competitivas mediante la convergencia de todos los recursos de una comunidad en la búsqueda de ese objetivo. Michael Porter afirmaba hace más de una década que las ventajas competitivas son creadas y sostenidas a través de un proceso "nacionalmente localizado". Para Porter -y para muchos otros autores insospechados de proclividad nacionalista alguna- la globalización, lejos de hacer disminuir la importancia de la nación, en realidad la incrementa. Oigamos a Porter: "El punto de vista que la globalización elimina la importancia de la base nacional se apoya en premisas falsas, así como la tentadora estrategia de evitar la competencia". Mucho podríamos decir al respecto, pero no es éste prioritariamente el tema que nos preocupa hoy. Dado que en economía la virtud consiste en la sabiduría para administrar recursos siempre escasos, para poder alcanzar esas ventajas competitivas se requiere que esos limitados recursos se asignen conforme a rigurosos criterios de prudencia, justicia y eficiencia. Siendo éste un concepto de validez universal, resulta especialmente ajustado al caso de la Argentina, dotada por Dios y por la historia de unas notables ventajas comparativas, las que sólo pueden realizarse en plenitud si hacemos de ellas ventajas competitivas mediante la acción organizada y convergente de todos los sectores de nuestra comunidad, para poder vender a los grandes mercados extra nacionales lo que ellos quieren comprar y nosotros podemos producir.

Así entendida la competitividad, para lograrla es preciso que la comunidad nacional alcance un amplio y expreso consenso en el que se definan cuáles son las actividades y regiones económicas de la Argentina que la pueden alcanzar más plena y rápidamente, a fin de concentrar en ellas aquellos recursos siempre escasos. Debería ser obvio que a los argentinos no nos resulta posible competir en todo con todos y es por eso que resulta esencial establecer esas prioridades. Sin embargo, por causas y de modos diversos, hasta ahora obramos como si pudiéramos ser competitivos en casi todas las actividades, con lo que lo único que logramos fue no llegar a serlo plenamente en casi ninguna. Muchos creyeron y algunos parecen seguir creyendo que la Argentina puede aplicar ingentes recursos a políticas y programas destinados a sostener y proteger a diversas actividades económicas en las que carecemos de las aptitudes suficientes como para llegar a competir con ventaja con los bienes y servicios que se producen en otros países, en una orientación semejante a la que fundamenta a los subsidios con que los países industrializados financian su ineficiente producción de alimentos. Como no podía ser de otro modo, ello implicó que no se concentraran todos los recursos argentinos a convertir en ventajas competitivas nuestras ventajas comparativas y llegar así a producir lo que podemos vender. En eso nos diferenciamos de países como Canadá o Australia -comparables a la Argentina en muchos sentidos- que evitaron incurrir en esa soberbia y no pretendieron sostener y desarrollar actividades económicas en las que debían competir con Estados Unidos, Japón o Europa Occidental, sin tener las ventajas comparativas de base que dieran sustento a esa aspiración. Esas naciones se dedicaron a hacer competitivas aquellas actividades económicas en las que tenían ventajas comparativas de base (como, por ejemplo, la alimentación, la forestación o la madera) y volcaron la mayor parte de sus recursos a sustentar esas actividades y el resultado que alcanzaron con esas políticas, medido en términos de la calidad de vida de sus pueblos, nos parece digno de ser tenido en cuenta. Los autores de esta nota tenemos la firme convicción de que, para superar efectivamente la degradada calidad de vida que hoy padecemos la gran mayoría de los argentinos, es preciso que alcancemos un nivel de competitividad (o que aceptemos el liderazgo de la productividad) que permita generar el crecimiento sustentable de nuestra economía, incrementando la dimensión de nuestro mercado. Pensamos que seguir ese camino para alcanzar el crecimiento de la Argentina también conduciría a una distribución más equitativa de las riquezas incrementadas dado que, una de las condiciones necesarias esenciales para alcanzar niveles adecuados de competitividad, es lograr la organización y la participación consciente de toda la comunidad en la búsqueda de ese objetivo, lo que ha de contribuir a una mayor equidad en la distribución de los nuevos recursos. También estamos convencidos que el proceso de transformaciones llevado a cabo durante la última década del gobierno que presidió Carlos Saúl Menem creó condiciones a partir de las cuales se hizo posible avanzar en la perspectiva de establecer aquel nivel de competitividad que, hasta hoy, es un objetivo pendiente. Por todo lo expuesto hasta aquí podría suponerse que somos entusiastas sostenedores del proyecto de "Ley de Competitividad" que, por decisión del nuevo ministro de Economía, acaba de aprobar el Congreso de la Nación. Sin embargo no es así, dado que no nos parece que el programa que puede adivinarse tras los difusos términos de esa norma legal esté efectivamente orientado a alcanzar la competitividad argentina, según los términos en los que la definimos más arriba. Es preciso aclarar que si discrepamos con el programa que vino a aplicar Domingo Cavallo, esas diferencias se fundan en razones diferentes y opuestas a las que inspiran las críticas que ese programa suscita en quienes, expresa o implícitamente, lo juzgan desde una concepción neoliberal o neomarxista. Sucede que, por encima de sus evidentes diferencias, Roberto Alemann o Ricardo López Murphy de un lado, y Elisa Carrió o Eduardo Duhalde del otro -por mencionar sólo algunos ejemplos paradigmáticos- coinciden en una concepción que les lleva a ver en el Estado y en las cuentas públicas el núcleo esencial donde radican los problemas y soluciones argentinos. a) Nuestros neoliberales creen estrechamente que la esencia de los problemas argentinos consiste en el déficit de las cuentas públicas y, por lo tanto, la solución que proponen es alcanzar el equilibrio o el superávit en las mismas, esencialmente mediante una reducción de los gastos del Estado. Sabida es la proclamada preferencia de esta corriente de ideas acerca del retiro del Estado, lo que hace llamativa su excesiva (¿exclusiva?) concentración en el manejo de los recursos públicos. b) Nuestros neomarxistas, a su turno, consideran que el núcleo de los problemas radica en el pago de los usurarios intereses de la deuda pública que entienden ilegítima y proponen dejar de pagar o pagar menos y fortalecer los ingresos públicos mediante el cobro de más y mayores impuestos a las actividades económicas que obtienen mayores niveles de rentabilidad. Como puede verse, ambos coinciden en poner el centro de su diagnóstico y el eje de su propuesta en el Estado y en las cuentas públicas.

Apelando a palabras de Juan Pablo II, vemos en una y otra postura las semillas de verdad que contienen, pero también vemos su completa incapacidad para hacer fructificar esas semillas de verdad porque ambos fallan en el diagnóstico y en la propuesta. · Creemos que hay semillas de verdad en lo que dicen los neoliberales, en cuanto el equilibrio de las cuentas públicas puede contribuir a la competitividad de una comunidad nacional, como puede constatarse en la reciente historia económico-financiera de los Estados Unidos, donde el crecimiento exponencial de los niveles de productividad general de la economía -tan relacionados con la competitividad- coincidió con el proceso que condujo a que en los últimos años el presupuesto del Estado federal pasara de un déficit gigantesco a un notable superávit. · También hay semillas de verdad en la tesis de los neomarxistas, ya que la Argentina debe acumular fuerzas suficientes para negociar en mejores condiciones el pago de la deuda pública y debe cobrar a todos y sobre todo a los que más tienen, unos impuestos que hoy muchos evaden y eluden, para así disponer de recursos suficientes para financiar políticas activas. Lo que unos y otros no parecen comprender es que el papel del Estado en la búsqueda de competitividad de la Argentina, siendo importante, es supletorio respecto del que debe jugar la llamada sociedad civil o, para decirlo en términos que creemos más precisos, la comunidad organizada. De allí que para nosotros, como católicos y justicialistas, la búsqueda de la competitividad debe apoyarse en la puesta en práctica de dos principios complementarios -subsidiariedad y solidaridad- y es, sobre todo, una ingente labor política y social orientada a lograr una transformación revolucionaria de la cultura comunitaria y no una mera tarea económica para la que baste con concretar cambios en la legislación y en las políticas públicas. Sólo llegaremos a ser competitivos en aquellas actividades en las que podemos serlo si ese objetivo es vivido como propio y esencial por la gran mayoría de nuestra comunidad, que deberá obrar en procura de ello. Somos conscientes que hacer de la Argentina una comunidad nacional competitiva implica dar un verdadero salto histórico para "encabalgar la evolución" y llegar a que todos los argentinos podamos tener iguales posibilidades de partida para acceder a una calidad de vida acorde a nuestras aptitudes y a nuestra dignidad. Al sugerir lanzarnos a afrontar ese enorme desafío no estamos convocando a una utopía o a una quimera inalcanzable, que no registre antecedentes en la memoria histórica de nuestro pueblo. No fue utópico o quimérico el llamado de Belgrano, Artigas y San Martín a conquistar nuestra independencia. No lo fueron los esfuerzos de Rosas y Alberdi para construir la organización nacional. No fue utopía o quimera la labor de Roca y Sáenz Peña para modernizar el país. No lo fueron la acción de Alem e Yrigoyen en pro de una democracia política. No fue ni utópica ni quimérica la causa nacional y popular de dimensión universal que Perón pensó y puso en marcha con el auxilio de Evita. No lo fueron las transformaciones revolucionarias que llevó a cabo nuestro pueblo en la última década, con la conducción de Menem. El pueblo argentino, en todas esas instancias, supo encontrar los caminos y los guías para marchar en el sentido de la historia y adaptarse a cada nueva etapa de la evolución y pudo hacerlo porque aceptó cargar sobre sus anchas espaldas el gran peso de realizar las transformaciones necesarias. Por eso tenemos una fundada esperanza en que no es una utopía o una quimera proponernos construir una Argentina competitiva que, afirmada en su identidad, se integre al mundo globalizado. Lo que va de Menem a De la Rúa Como pudimos comprobar en la década del gobierno justicialista que encabezó Carlos Menem, mucho es lo que puede la "voluntad del príncipe" -usando esa expresión de Maquiavelo para describir la acción del Estado- a la hora de hacer los cambios revolucionarios que una comunidad requiere para ponerse a tono con la evolución, aún cuando esa comunidad no llegue a acceder a una plena consciencia del sentido y los alcances de esos cambios y no sea imprescindible su participación activa y organizada en los mismos. Pero suele llegarse a un punto de inflexión para la continuidad y profundización de la transformación revolucionaria en el que ya no basta con la sola "voluntad del príncipe" y se impone, como conditio sine qua non, la necesidad de esa participación consciente, activa y organizada de la comunidad en el proceso de cambios, de la que antes se podía prescindir. Nuestra percepción es que, en la nueva etapa de la revolución justicialista conducida por Menem, habíamos llegado a ese punto de inflexión en 1994 y así lo venimos señalando en diversos documentos que difundimos desde entonces. Por motivos que no es del caso detenerse a considerar aquí, los justicialistas no supimos encontrar los caminos que llevaran a la continuidad y profundización de la transformación revolucionaria que nos tocó conducir en la década de 1990. Como expusimos ampliamente en otros documentos de nuestra autoría, por no haber sabido encontrar esos caminos, en 1999 no se habilitó a Carlos Menem para que volviera a someterse a la voluntad, primero de los justicialistas y después de todos los argentinos, y pudiera así seguir conduciendo la puesta en marcha de las transformaciones aún pendientes contando, como dijimos antes, con el ahora imprescindible concurso de la participación consciente, activa y organizada de la comunidad. La fórmula presidencial del Justicialismo perdió las elecciones del 24 de octubre de 1999 y la llamada Alianza que llevó al gobierno a Fernando De la Rúa y Carlos Alvarez, durante quince meses de gestión, no hizo nada en favor de dar una continuidad esencial al sentido de las transformaciones llevadas a cabo en la década anterior afrontando los nuevos desafíos planteados por la evolución, que fue la voluntad ampliamente mayoritaria del pueblo en las últimas elecciones presidenciales. Los objetivos de la nueva etapa en la que estábamos y estamos podrían resumirse diciendo que se trataba de dotar a la sociedad argentina de rangos de competitividad sustentables que nos permitieran llegar a ser una comunidad nacional con capacidad para producir lo que se vende. Los quince meses durante los cuales desde la cúpula del Estado no se hizo lo que era posible y necesario hacer sino, antes bien, todo lo contrario, nos condujo a una crisis peligrosamente semejante a la que sufríamos en 1989, como no podía ser de otro modo en esta nueva era en la que nos toca vivir en la que la acelerada evolución no perdona ni espera a quien equivoca el rumbo o se queda quieto y ante esa situación De la Rúa convocó a Cavallo y este lanzó su Plan de Competitividad. El Cavallo de Menem y el De la Rúa de Cavallo Solía decir Perón que la pregunta esencial a responder para entender una situación política, económica o social es ¿quién conduce? y ese es el interrogante que se nos presenta a casi todos los argentinos, tras la designación de Domingo Cavallo como ministro de Economía del que era el gobierno de la Alianza. Para responderlo conviene empezar por descartar la explicación, tan facilista como equivocada, según la cual los éxitos de la gestión presidencial de Menem -que hoy tienden a reconocer hasta la mayoría de los "opinadores", por lo general ácidamente críticos del gobierno justicialista- se debieron esencial y casi exclusivamente a la capacidad técnica de Cavallo y su equipo para poner en marcha, entre otras medidas, el Plan de Convertibilidad. Ese modo de mirar la realidad delata una concepción tecnoburocrática según la cual la sola racionalidad y aptitud técnica son suficientes para el buen gobierno de la comunidad. Fue ese uno de los argumentos esenciales de todas las dictaduras que se sucedieron en la Argentina desde 1955 hasta 1983. Quienes así piensan, además de vaciar a la política (entendida como el arte de gobernar) del sentido moral que le es propio, cometen un grosero error de análisis. No comprenden que el poder y, sobre todo, la autoridad política que Menem ejerció desde la Presidencia de la Nación fue la condición esencial de los éxitos en el servicio al bien común alcanzados entre 1989 y 1999, sin que ello implique desconocer la valiosa contribución técnica a esos éxitos brindada por la racionalidad y aptitud técnica de Cavallo y su equipo. De allí que Cavallo pudiera servir a un proyecto de transformación revolucionaria de la Argentina y poner en marcha sus ideas y sus soluciones técnicas cuando fue ministro de un gobierno justicialista presidido por Carlos Menem, y no pudiera hacerlo cuando fue presidente del Banco Central en la última etapa de la última dictadura. Lo que hace la diferencia esencial entre una y otra instancia no son Cavallo y la evolución de sus ideas sino el gobierno justicialista de Menem. No debería verse como sectarismo el énfasis que ponemos en destacar la condición "justicialista" del gobierno de Menem. Lo hacemos por cuanto esa condición nos parece que fue esencial para que, a la hora de llevar a cabo los cambios revolucionarios, "la voluntad del príncipe" pudiera ser ejercida en plenitud y con un respaldo popular que, no por implícito fue menos amplio y sin el cual nada de lo que hizo en la llamada "década de Menem" hubiera sido posible. Es tan cierto como obvio que Domingo Cavallo es hoy el ministro de Economía del Presidente De la Rúa y lo fue antes del Presidente Menem. Lo que es igualmente cierto pero no igualmente obvio es la respuesta a la pregunta acerca de quien conduce que podía darse en un caso y en otro. Pese a que Cavallo y los suyos trataban de disimularlo cuando era ministro y de negarlo cuando fue echado de ese cargo, nos parece evidente que en la primera etapa nadie conducía sino Menem. Hoy, en cambio, aunque Cavallo y los suyos quieran disimularlo y De la Rúa lo niegue, sobran indicadores que autorizan a suponer que, por encima de las formas institucionales y jurídicas, quien conduce es el ministro Cavallo y no el Presidente De la Rúa. Como vinimos exponiendo, coincidimos en que alcanzar competitividad es hoy el desafío principal que se nos presenta a los argentinos. Pero también fundamos nuestra convicción de que las transformaciones esenciales que es necesario realizar para alcanzar ese objetivo deben darse en la sociedad más que en el Estado y para lograrlo es preciso llevar a cabo una verdadera revolución cultural en la que toda la comunidad participe consciente, activa y orgánicamente. Por eso, para construir una Argentina sustentablemente competitiva, la misión esencial de la "voluntad del príncipe" reside en conducir la construcción de los consensos y habilitar los instrumentos que lleven a esas modalidades de participación comunitaria en la ímproba y compleja tarea que se requiere concretar para alcanzar ese objetivo. Las normas jurídicas y las políticas públicas contribuyentes a la búsqueda de una competitividad sustentable, con ser de enorme importancia, son instrumentales respecto de aquella misión esencial y su éxito o fracaso estará determinado por el resultado al que se llegue en el cumplimiento de esa misión, que es de naturaleza político-cultural y no económico-jurídico-técnica. En la llamada "década de Menem", las leyes, decretos y resoluciones, las decisiones políticas y los programas que expresaron la "voluntad del príncipe" fueron la espina dorsal de la revolución adaptativa que puso a la Argentina en la senda de la evolución, puesto que lo esencial en esa etapa era desmontar las estructuras del atraso establecidas desde 1955 y construir las nuevas instituciones de una nueva Argentina. Poner en marcha esas nuevas instituciones y lograr que la comunidad asuma nuevas pautas culturales para que obre conforme a ellas son los requisitos sin los cuales no podremos construir una Argentina que sea competitiva en forma sustentable. Por la magnitud de esa tarea, que la "voluntad del príncipe" sea ejercida con autoridad es, a la vez, indispensable e insuficiente y tenemos dudas fundadas en que el De la Rúa de Cavallo sea capaz de hacerlo, lo que justifica nuestro escepticismo en el éxito del Programa de Competitividad que el nuevo gobierno pareciera querer presentar al país. Las Urgencias Sociales Además, ni en el proyecto de Ley de Competitividad, ni en ninguno de los anuncios hechos por Cavallo desde que asumió el Ministerio de Economía, se dice nada respecto a la emergencia social que viven los dos millones de desempleados que hay en la Argentina. Aún en el caso que la aplicación de la Ley de Competitividad y de las políticas, programas y planes que ponga en marcha Cavallo se tradujeran en una reactivación económica generadora de nuevos puestos de empleo, ese proceso demandaría un tiempo y tendría un alcance que no llegará a atender las urgencias del sector social arriba mencionado. Por eso, junto con el debate y la sanción de la Ley de Competitividad resulta necesario que se sancione - con igual celeridad - una Ley de Solidaridad dirigida a aliviar las necesidades de los jefes y jefas de familia desempleadas. Reiteramos, en tal sentido, lo planteado por el Partido Justicialista en el punto 9 de la declración del 20 de marzo titulada "Primero la Argentina", en la que se expresa lo siguiente: "En el terreno social, son indispensables medidas igualmente drásticas para afrontar la emergencia. No puede haber un solo hogar argentino, por humilde que sea, que no cuente con un ingreso mínimo de subsistencia. Ello requiere concentrar los recursos presupuestarios asignados a los múltiples programas asistenciales dispersos en distintas áreas y niveles del Estado, que por deformaciones burocráticas y clientelismo político casi nunca llegan en su totalidad a sus destinatarios, en un único Programa de Emergencia Social, consistente en la entrega de un subsidio mensual a todos los jefes de familia desocupados. La implementación de ese programa nacional tiene que quedar a cargo de una Agencia Social Federal, con la participación de las provincias, los municipios, la CGT y las organizaciones no gubernamentales". Esta iniciativa debería traducirse en un proyecto de Ley de Solidaridad, que haga realidad el Programa de Emergencia Social a través de las siguientes resoluciones concretas: · Constitución de una Agencia Social Federal en cuya conducción participen representantes de las provincias, los municipios, la CGT y organizaciones no gubernamentales (ONGs). · Concentrar en esa Agencia Social Federal los recursos públicos consolidados destinados a atender las necesidades de los sectores más humildes, dispersos actualmente en diversas áreas y niveles del Estado. · La Agencia elaborará un registro nacional de jefes de familia desocupados. · Con los fondos reunidos y - eventualmente con recursos adicionales procedentes de los nuevos ingresos públicos- se financiará un subsidio mensual a todos los jefes de familia desocupados, que será percibido por estos en forma directa y personal a través del sistema bancario o por medio de un giro postal, terminando así con las deformaciones burocráticas y el clientelismo político, que lleva a que esos recursos no lleguen en su totalidad a quienes deben ser sus legítimos destinatarios. A través de esta política se contribuirá a aliviar en algo la situación de los más desposeídos, víctimas inocentes de décadas de medidas erráticas (los años 60, 70 y 80) primero y del actual desgobierno después. Por otra parte, quedará demostrado que las políticas sociales pueden exhibir, a la vez, racionalidad técnica y repercutir con eficiencia en la economía. La nueva receta de Cavallo Digámoslo de una vez: no es nuestra intención pronosticar desastres (a la manera de Dornbusch), desalentar esperanzas o "pinchar" la recuperación que puede sobrevenir momentáneamente. Por lo demás, aún si fuera esa nuestra intención, los limitados alcances de nuestros puntos de vista no tendrían tal resultado. Pero no podemos dejar de juzgar la situación en forma objetiva. Aceptamos que, por lo que podemos inferir del que parece ser el nuevo programa que el ministro Cavallo se propone aplicar, es posible que se contribuya a una mayor competitividad de las actividades y regiones económicas de la Argentina que tienen ventajas comparativas, a través del estímulo de medidas como la disminución de las cargas impositivas distorsivas que hoy soportan, la inducción de un mayor acceso al crédito con tasas diferenciales, una mayor calidad y una menor burocracia del Estado, etc. Lo propio cabe decir respecto de que las actividades y regiones económicas en capacidad de exportar bienes y servicios y/o obligadas a competir con bienes y servicios importados, reciban estímulos del Estado o se eliminen los desestímulos de trabas burocráticas o regulaciones.

A este respecto, huelga mencionar que compartimos plenamente la necesidad de estimular por todos los medios al alcance del Estado a aquellas actividades y regiones económicas argentinas en condiciones de exportar porque estamos convencidos que el secreto del desarrollo económico consiste en transformar eficientemente a insumos en productos. Pero, precisamente por eso, nos parece peligroso el objetivo genérico enunciado de estimular o proteger a las actividades y regiones económicas que deben competir con bienes y servicios importados, lo que puede ser por completo contrario a la declarada búsqueda de competitividad en tanto conduzca, por ejemplo, a imponer aranceles proteccionistas para actividades económicas locales ineficientes. Lo que no aparece ni en los fundamentos ni en las disposiciones de la llamada Ley de Competitividad que aprobó el Congreso es la definición acerca de cuáles son las actividades económicas y las regiones de la Argentina que pueden alcanzar rangos de competitividad adecuados para acceder con sus bienes y servicios a mercados externos (exportar) o disputar exitosamente los mercados locales a bienes y servicios importados, sin necesitar para ello de disposiciones proteccionistas que limiten indebidamente la apertura de nuestra economía. Tampoco se pueden encontrar en esa Ley las decisiones orientadas a consensuar las decisiones estratégicas que tiendan a poner en paralelo y concentrar todos los recursos humanos y materiales de la Nación para que nuestra comunidad asuma las pautas y comportamientos culturales conducentes a producir en cantidad, calidad y precio adecuados los bienes y servicios que los mercados quieren comprar o, en otros términos, producir lo que se vende, lo que es muy diferente a proponerse vender lo que se produce. En definitiva, creemos que una visión estrechamente "keynesiana" (con perdón de Lord Keynes, que no se merece el mal uso de sus ideas con que lo castiga la posteridad una y otra vez) consistente en aumentar los aranceles para los bienes de consumo y priorizar la rebaja de impuestos a quienes producen bienes comercializables, no es la mejor manera de aproximarnos al problema de las claves de nuestro crecimiento, sin considerar el peso del concepto de auténtica competitividad. Por eso queremos terminar diciendo que esperamos que este Plan de Competitividad de Cavallo-De la Rua no sea un mero alivio momentáneo que sólo trate algunos síntomas de nuestros males, pero siga postergando las medidas necesarias para superar las causas raigales de nuestras dificultades, como lo hiciera en su momento el Plan Austral de Alfonsín-Sorrouille, que en 1985 le permitió a la UCR ganar las elecciones parlamentarias pero que también, con la breve escala del que se llamó Plan Primavera, nos terminó conduciendo a la crisis terminal que representó el caos hiperinflacionario de 1989. Buenos Aires, 28 de marzo de 2001