Domingo 03 de Abril de 2005

De eso no se habla 

Todo Madrid lo sabía.

Todo Madrid…menos él

Ventura de la Vega, El hombre de mundo, 1845

La crisis desatada al conocerse las operaciones de tráfico de estupefacientes a través del Aeropuerto de Ezeiza y en aviones de la empresa Southern Winds (subsidiada y controlada por el Estado) se ha extendido con la insidia de la peste escarlata.

Es tiempo de despegar

A partir de la irrupción pública de la noticia, dos semanas atrás, la primera preocupación del gobierno residió en aparecer despegado de los hechos. No resultaba sencillo hacerlo, sin embargo: el contrabando detectado había ocurrido en septiembre de 2004 y la reacción oficial sólo se manifestó cinco meses después. El argumento para explicar ese extenso período de discreta inacción requirió algunos sacrificios: el Presidente desautorizó a su ministro de Defensa, que venía de colmar de elogios a la Fuerza Aérea y a la Policía Aeronáutica, y, después de intervenir esta última institución liquidó de un golpe la carrera de 13 brigadieres (sobre 22) y dejó caer sobre la aviación militar la culpa de su alegada desinformación del tráfico de cocaína vía Ezeiza. Insistiría en esa carga unos días más tarde cuando, en un acto público, dijo que “ser héroes de Malvinas no los habilita a hacer cualquier cosa”. En rigor, la mayoría de los brigadieres relevados no tenían función alguna que los conectara al control aeroportuario.
La sangría provocada a la Aeronáutica cumplía un triple propósito: explicar la extensa pasividad oficial (ignorancia por ocultamiento) y dramatizar gestualmente la voluntad de actuar con rigor para, Kirchner dixit, “destapar ollas” así como la desvinculación oficial del affaire Southern Winds (“No tenemos nada que ver con SW”, proclamó el Presidente). También, si se consideran las declaraciones de un conocido periodista, influyente asesor de la Casa Rosada, para cobrar al arma facturas de la década del 70: “Está pendiente una rendición de cuentas de la Fuerza Aérea -apunta Horacio Verbitsky en una entrevista publicada el sábado 25-…tal vez este es el momento”. 

Cadena de favores

Pero palabras y gestos se verían desbaratados por algunos datos de la realidad. Muy pronto quedaría claro, a la luz de testimonios de la Guardia Civil española y de INTERPOL España, así como de la fiscalía que investiga el contrabando y hasta por la admisión del ministro de Interior, Aníbal Fernández, que eran muchas las instancias del Estado argentino que conocían el caso de las valijas voladoras. A saber: la Embajada argentina en España (que fue anoticiada a mediados de septiembre); INTERPOL argentina, la Policía Federal y el Ministerio del Interior, que lo sabía ya en octubre; la SIDE y la Aduana; la Justicia y probablemente el ministerio del ramo, la Policía Aeronáutica. Es conjeturable que, durante su visita a Madrid, en diciembre, el propio Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y la senadora Cristina Fernández de Kirchner, recibieran algún dato, sea de parte del Embajador Carlos Bettini, sea de alguno de los funcionarios de inteligencia que actúan en España, entre los cuales se cuenta el hermano del Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Y por cierto, lo sabía la conducción de la compañía aérea Southern Winds, a través de la cual no puede haberlo ignorado el Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, de quien Juan Maggio, el número uno de SW, dijo: “Es nuestro jefe”.
Maggio no se refería sólo a que la Secretaría de Transporte es la autoridad natural del sector, ni siquiera a que es Jaime el que maneja el subsidio estatal que viene recibiendo la compañía aérea desde octubre de 2003, sino al hecho de que el acuerdo de “alianza estratégica” entre SW y la línea estatal LAFSA estableció que la administración  de la asociación entre ambas estaría sujeta al control de un trío a integrar por un representante de la empresa privada, otro de Lafsa y otro del Ministerio de Planificación, de quien depende la Subsecretaría de Transporte Aéreo. La cabeza de ese comité de control es Ricardo Jaime.
Así, el argumento del ocultamiento debería aplicarse, para ser consistente, a esa amplia cadena de silencios. Y si el pecado atribuido a la Fuerza Aérea mereció tanto castigo, ¿no daría signos de impunidad que no se aplique idéntica penitencia a quienes cometieron la misma falta? El asunto adquiere especial significación cuando se repara en que quienes forman parte de esa lista son personas que, o pertenecen al círculo político más íntimo del Presidente o  están muy próximos a él. ¿Qué habría que pensar si un número tan extenso de colaboradores cercanos, designados por el propio Kirchner, le ocultasen información tan sensible y, además, no fueran sancionados por ello?

Cuidar al Presidente

La divulgación de las incoherencias oficiales y el sostenimiento del interés público en el caso mantiene al gobierno con los nervios de punta. Ante la evidencia de que un número tan extenso de figuras empinadas estaban enteradas del affaire de la cocaína y frente al largo silencio y la prolongada inacción del gobierno, el riesgo que el oficialismo procura ahora aventar es el de que la crisis afecte a la figura del Presidente: “El problema es si el Presidente también lo sabía”, puntualiza esta semana la revista Noticias.
La confesión de Aníbal Fernández de que su ministerio conocía el caso desde hace meses y su virtual mea culpa (“no le veíamos color político” al tema), por un lado deben ser vistos como un sacrificio inevitable, forzado por el testimonio de la Guardia Civil de España; por otra parte es un servicio de pararrayos ante sospechas que apuntan más alto: el ministro aclara que sólo le comunicó al Presidente lo que sabía cuando ya corría febrero.
No es improbable que, si el gobierno no consigue neutralizar o desviar el seguimiento público del tema con algún otro asunto estrepitoso (la pulseada con el Vaticano no consiguió cumplir ese objetivo), al fin y al cabo el Presidente se vea obligado a soltar la mano de alguno de los funcionarios silenciosos que han sido tocados por el escándalo y que durante tanto tiempo le ocultaron un tema de tanta trascendencia.
En este caso no vale la idea de que el silencio es salud.

Subsidios y otras intoxicaciones

En medio del follón provocado por la emergencia pública del narcogate, y como parte de la operación de despegue precipitado, el gobierno decidió poner fin a la alianza con Southern Winds y, consecuentemente, suspender los subsidios que beneficiaban a esa compañía.
Es obvio que no se trató de una decisión planificada: hace apenas semanas, varios altos funcionarios (el ministro Pampuro y los secretarios de Transporte y de Turismo) acudieron al Congreso a solicitar que los subsidios se mantuvieran durante 2005, como estaba previsto en el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo.
La improvisada conclusión del acuerdo con SW no sólo revela el apuro por tomar distancia de esa empresa aérea. También permite observar la inconsistencia de una política de subsidios que, en este como en otros casos, deriva fondos públicos a intereses privados invocando piadosos fines… que no se cumplen.
La creación de una empresa aérea estatal con los restos de las compañías quebradas LAPA y DINAR fue, en rigor, un gesto postrero del gobierno de Eduardo Duhalde motorizado por su entonces ministro de Producción, Aníbal Fernández. El decreto fue firmado cuatro días antes de que Kirchner asumiera la presidencia.
El flamante presidente respaldó la medida de su antecesor, la amplió con un decreto en julio de 2003 y en septiembre la proyectó en la alianza entre la línea estatal y Sothern Winds, un acuerdo piloteado por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Habría subsidios para asimilar al personal de LAPA y DINAR y, como declaró el Presidente al suscribirlo, para  evitar que “miles de trabajadores queden abandonados a la mano de Dios”;  la sociedad LAFSA-SW, según los papeles, triplicaría en seis meses las operaciones de las compañías desaparecidas y SW incorporaría 10 aeronaves. El Presidente remarcó otro objetivo: “impedir el monopolio”, implícita alusión a Aerolíneas Argentinas.
En una denuncia a la Oficina Anticorrupción, el diputado nacional Federico Pinedo puntualizó una serie de datos que, independientemente del affaire de la cocaína, muestran la distorsión de la política de subsidios.
A 19 meses de su creación, señala Pinedo, “LAFSA es una empresa de papel, que no presta servicios y que se limita a entregar dinero contante y sonante, en especie (combustible y sueldos de personal) a una empresa privada, que no le da a cambio ninguna contraprestación. Esto se hace con un disfraz jurídico, que es el del acuerdo de complementación o joint venture. Además LAFSA sería un vehículo para pagar dinero público a personas que no prestan funciones”.
Detalla Pinedo que SW no incorporó los aviones comprometidos y que tampoco se triplicó la operación: “SW sólo vuela a 4 destinos ordinarios (Córdoba, con tres vuelos; Mendoza, con dos vuelos; Resistencia y Salta, con un vuelo diario). Se tocan en escalas semanales Jujuy y Tucumán.
Además, SW llega a destinos turísticos que fuera de temporada son generalmente utilizados por turistas extranjeros, que se benefician así con el subsidio estatal (Bariloche, El Calafate e Iguazú). Hay un vuelo deficitario a Madrid…”.
Aunque  “no se habría cumplido con la expansión de cobertura de servicio que sirviera como fundamento a la medida de otorgar el subsidio en forma directa a un empresario particular -apunta el diputado-, en el Presupuesto 2005 el Poder Ejecutivo solicitó y obtuvo una partida de 80 millones de pesos para esta finalidad e informaciones públicas indican que se prevé continuar con los subsidios”.
Del escrito de Pinedo surge que sólo una parte minoritaria del personal que formaba parte de LAPA y DINAR (250 personas) fue incorporado a la sociedad empresaria, pese a lo cual “ingresaron a LAFSA centenas de empleados y funcionarios jerárquicos, que no cumplirían ninguna otra función socialmente útil distinta de la de cobrar”. Una manera elegante de evitar la palabra ñoqui.
Después de dedicar bastante más de 100 millones de pesos a subsidiar una ficción empresaria (que, sin embargo, parece haber sido eficiente en el traslado internacional de clorhidrato de cocaína y de la temible pasta básica que destruye cerebros en el propio terreno argentino), el gobierno decide ahora retroceder vertiginosamente, sin haber cumplido con ninguno de los objetivos planteados en su momento.
Las fantasías estatistas muestran su verdadera cara. Una política aérea de cielos abiertos, acompañada por el cumplimiento eficiente de la función indelegable de control y policía del Estado, probablemente habría evitado tanto despilfarro, habría servido para combatir los monopolios y los fraudes y habría generado puestos de trabajo genuinos.

Pero de esto, al parecer, tampoco se habla.