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Diccionario Político
Boliviano
La crisis
política de Bolivia es la debacle más profunda experimentada por un país
sudamericano en los últimos 150 años. Por primera vez desde el nacimiento
del Uruguay, ocurrido en 1828 como resultado del acuerdo que puso fin a la
guerra entre la Argentina y Brasil, aparece en la región el fantasma de una
fragmentación territorial que, por su honda conflictividad, puede tener más
las características sangrientas que acompañaron a la desintegración de la
antigua Yugoeslavia que la tónica pacífica del divorcio por mutuo
consentimiento que permitió la disolución de Checoslovaquia.
La renuncia de Carlos Mesa, precedida por el derrocamiento de Gonzalo
Sánchez de Lozada ("Goni") en octubre de 2003, cuyo detonante fue el
frustrado proyecto de exportación de gas a Estados Unidos a través de un
puerto chileno, y seguida por las dimisiones forzadas de los titulares del
Senado, Hormando Vaca Diez, y de la Cámara de Diputados, Mario Cossio,
constituyen otros tantos síntomas de un proceso de degradación institucional
que no parece haberse detenido con la asunción de Eduardo Rodríguez, una
designación que también supone un hecho inédito: aunque se trate de una
prescripción establecida en la mayoría de los textos constitucionales, es la
primera vez en la historia universal que el presidente de la Corte Suprema
de Justicia asume la vacancia del Poder Ejecutivo.
Lo cierto es que la convocatoria electoral tampoco garantiza ni por asomo la
estabilidad política. La constitución boliviana establece que, para ser
elegido presidente, es necesario obtener el 50% de los votos, algo que no ha
ocurrido desde el restablecimiento de la democracia en 1982. En caso
contrario, el primer mandatario será elegido por el Congreso, que en el
pasado no siempre ungió al candidato más votado en las urnas. En esta
oportunidad, la convocatoria electoral, realizada para completar el mandato
interrumpido de Sánchez Lozada y su vicepresidente Mesa, no incluye la
renovación parlamentaria. Por lo tanto, el Congreso que elegirá el próximo
presidente será el mismo que tuvo que mudarse para sesionar de La Paz a
Sucre (la capital nominal de Bolivia), pero que ni siquiera así pudo
garantizar la asunción de la primera magistratura por sus dos titulares,
Vaca Diez y Cossio.
La coalición forjada en contra de Sánchez de Lozada, que impuso en las
calles y en las rutas la renuncia de Mesa y el llamado anticipado a
elecciones, está conformada básicamente por cuatro sectores. El primero es
el sector de productores de coca de la zona de Chapare, en el departamento
de Cochabamba, cuyo líder, Evo Morales, es a la vez el jefe del Movimiento
al Socialismo (MAS), que aspira a ganar las próximas elecciones
presidenciales. El segundo de esos sectores es el vasto movimiento
indigenista encabezado por el ex guerrillero Felipe Quispe, que más allá de
ciertas maniobras tácticas tiene como planteo ideológico y como objetivo
estratégico la creación de una “república aymará”. El tercer sector en
importancia
es la
Central Obrera Boliviana (COB), cuyo titular, Jaime Solares, descree de una
salida electoral y postula como alternativa una convergencia entre el
sindicalismo y un sector nacionalista de las Fuerzas Armadas. En cuarto
lugar, cabe inscribir al sector liderado por Abel Mamani, titular de la
Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la ciudad boliviana de 800.000
habitantes aledaña a La Paz (como si el conurbano bonaerense estuviese
concentrado en una urbe vecina a Buenos Aires), con población indígena,
proveniente del interior del país, que "baja" periódicamente sobre la
capital boliviana para derrocar al gobierno de turno. La confluencia entre
estos cuatro sectores es viable para voltear gobiernos pero no para
edificarlos.
Frente a esta suerte de vasta “coalición de la ingobernabilidad”, está el
amplio arco de fuerzas políticas que, desde adentro del gobierno o desde el
Parlamento, sostuvieron al derrocado Sánchez de Lozada. Está conformado por
el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), al que pertenece Sánchez de
Lozada; el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), encabezado por el
ex-presidente Jaime Paz Zamora; la Nueva Fuerza Republicana (NFR), liderada
por Manfred Reyes; y Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido
fundado por el desaparecido general Hugo Banzer, un caso curioso de un
ex-presidente militar (1971-78) que luego fuera elegido mandatario
constitucional en 1997 y falleciera en ejercicio de la primera magistratura,
cuyo vicepresidente, Jorge Quiroga, quien lo sucedió en el cargo para
terminar el mandato legal, emerge actualmente como el candidato presidencial
con más posibilidades de disputar con Morales el primer puesto en la
compulsa electoral que se avecina.
Paradójicamente, el MNR es la fuerza política fundada por Víctor Paz
Estenssoro, jefe de la revolución boliviana de 1952, que tras de derrotar al
Ejército (un caso único en América del Sur) realizó la reforma agraria y la
nacionalización de las explotaciones mineras, que terminó con el predominio
de los barones del estaño, cuya expresión paradigmática era la familia
Patiño, pero que luego, a mediados de la década del 80, durante un nuevo
mandato presidencial, y precisamente con Sánchez de Lozada como Ministro de
Economía, impulsó la apertura económica y privatizó esos mismos yacimientos
minerales. El MIR boliviano fue un desprendimiento de izquierda del MNR.
Muchos de los ex-mineros despedidos en tiempos de Paz Estenssoro fueron los
primeros plantadores de coca en la zona de Chapare, hoy convertida en el
bastión geográfico de Morales. En algún sentido, el líder cocalero asume una
sugestiva continuidad histórica de Juan Lechín, quien fue el caudillo de los
mineros bolivianos y acompañó a Paz Estenssoro al principio para luego
enfrentarlo duramente, pero cuyo sindicato mantuvo, en las más variadas
circunstancias políticas, el virtual control de la minería estatal hasta su
privatización.
Tan fuerte es esa asociación histórica entre Morales y Lechín que hasta no
hace mucho tiempo el principal ladero político del titular del MAS era el
veterano senador Filemón Escobar, un antiguo lugarteniente de Lechín. En
última instancia, puede afirmarse que antes que un líder político nacional,
Morales, como Lechín, es el caudillo sindical que maneja un sector clave de
la economía boliviana, como el cultivo de coca, al igual que antes Lechín
controlaba los yacimientos mineros, que proveían tradicionalmente el
principal rubro de exportación de Bolivia.
LA DIMENSIÓN REGIONAL
Pero la característica central del conflicto político boliviano no es su
fuerte contenido ideológico. Lo verdaderamente determinante es que esa
confrontación se cruza con importantísimos factores étnicos y regionales que
le otorgan una casi insondable profundidad. Los nueve departamentos que
constituyen la geografía política de Bolivia están profundamente divididos
en dos bandos. Cinco de ellos se agrupan de un lado y cuatro del otro. Por
una parte, está la Bolivia del altiplano, conformada por los departamentos
de La Paz, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Cochabamba. Por la otra, está la
Bolivia oriental, por su forma en el mapa denominada la "media luna",
configurada por los departamentos de Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Beni y
Pando.
La Bolivia altiplánica, la de las "tierras altas", culturalmente indígena
(hay 36 etnias aborígenes), es el fuerte de Quispe y de Morales. La "nación
aymará", reivindicada por Quispe, tiene límites geográficos muy difusos
porque presenta marcadas discontinuidades territoriales. Incluye una parte
del sur de Perú y hasta pequeñas porciones del norte de Chile y la
Argentina. Hay razones para considerar que las rebeliones indígenas que el
año pasado culminaron con el linchamiento de dos alcaldes en sendos pequeños
municipios meridionales peruanos no fueron ajenas a la estrategia de Quispe.
Algo similar puede decirse de la frustrada asonada militar del teniente
coronel Antauro Humala, ocurrida en la misma región a principios de este
año, una rebelión autodenominada "etnocacerista" ("etno" por su raíz
indigenista y "cacerista" en referencia al general peruano Andrés Avelino
Cáceres, quien encabezó una guerrilla que combatió a las tropas de invasión
chilenas que ocuparon Lima en la guerra del Pacífico de 1879, en la que
Bolivia perdió su salida al mar). Morales, por su parte, viajó meses atrás
al sur de Perú para asistir al acto fundacional de una filial del MAS en el
país vecino.
Desde el avance cocalero en el Chapare, iniciado a fines de la década del
80, la región de Cochabamba, que históricamente actuaba como colchón
amortiguador dentro de ese conflicto, quedó alineada con el altiplano. En
rigor de verdad, el común denominador productivo de esa Bolivia indígena es
actualmente el cultivo de la coca, cuya rápida extensión le otorgó
paradójicamente cierta viabilidad económica a una región que hasta ahora
había estado refugiada en una economía de subsistencia y absolutamente
desconectada del sistema económico mundial. La coalición del altiplano,
monolíticamente opuesta a los planes de erradicación de los cultivos de
coca, se mantiene trabajosamente unida alrededor de otras dos consignas
fundamentales: la convocatoria a una asamblea constituyente para "refundar
Bolivia" y la estatización de los hidrocarburos, hoy explotados básicamente
por dos compañías: la española Repsol-YPF y la brasileña Petrobras.
La "otra Bolivia", la de las "tierras bajas", que es mucho más mestiza que
blanca, tiene su asiento principal en Santa Cruz, limítrofe con Brasil y
Paraguay. Es el departamento más poblado y próspero del país. Alberga al 25%
de la población y tiene una pujante economía agroindustrial y ricos
yacimientos de combustibles (petróleo y gas), que en su conjunto
proporcionan un tercio del producto bruto interno boliviano. Junto a Santa
Cruz, cada vez más vinculado económicamente con Brasil, forman filas los
departamentos Beni y Pando, dos zonas en las que prospera una agricultura
moderna, fuertemente beneficiadas por el "boom" de la soja, y al sur Tarija,
limítrofe con la Argentina, que concentra alrededor del 80% de las reservas
de gas. Tarija formó parte de la Argentina hasta un año después del
nacimiento de Bolivia como estado independiente.
La reivindicación común de esa "otra Bolivia" es la autonomía política que
le permita autogobernarse y administrar sus recursos naturales. Santa Cruz y
sus aliados regionales rechazan el clásico centralismo político boliviano,
reforzado por la vigencia de una constitución marcadamente unitaria. Con un
planteamiento muy similar al de la Liga del Norte italiana, consideran que
el gobierno central de La Paz expropia los recursos fiscales de sus
economías locales para desviarlos hacia la Bolivia andina.
Significativamente, Vaca Diez, dirigente del MNR, es de Santa Cruz, y
Cossio, dirigente del MIR, es de Tarija.
En enero pasado, el Comité Cívico de Santa Cruz, presidido por Germán
Antelo, provocó la renuncia del prefecto designado por Mesa (en la Bolivia
unitaria los prefectos, equivalentes de los gobernadores, son nombrados por
el presidente) y convocó una gigantesca concentración popular,
autodenominada "Cabildo Abierto", que impulsó la constitución de una
"asamblea preautonómica" de aproximadamente doscientos miembros, integrada
entre otros por la totalidad de los tres senadores y veintitrés diputados
del departamento, los alcaldes municipales y representantes de las
organizaciones empresarias y sociales.
Esa asamblea resolvió convocar a un "referéndum autonómico" para el próximo
12 de agosto, con o sin el consentimiento del gobierno central, en el que
pretende
elegir democráticamente un nuevo prefecto. La iniciativa, acompañada por
Beni, Pando y Tarija, constituye un virtual ultimátum político regional. De
hecho, en Santa Cruz existe una creciente tendencia a la reivindicación de
una "nación camba", culturalmente bien diferenciada de la Bolivia indígena,
sugestivamente acompañada por la reaparición de una vieja bandera local, de
color verde y blanca, y de un himno propio.
VENEZUELA Y EL PETRÓLEO BOLIVIANO
En este complejo tablero de conflictos políticos y regionales, juega con
creciente vigor el "factor Chávez". El líder venezolano, empeñado en
promover el surgimiento de una corriente "bolivariana" en el escenario
regional, financia a Morales. La inteligencia norteamericana teme inclusive
un posible desvío hacia Bolivia de parte del poderoso arsenal militar
liviano recientemente adquirido por Venezuela a España. Chávez trata también
de hacer pie en la oficialidad joven del Ejército boliviano. Para ello,
potencia la reivindicación marítima de Bolivia, a fin de azuzar el fuerte
sentimiento nacionalista antichileno de los militares. Chávez llegó a
declarar públicamente su aspiración a "bañarse en una playa boliviana". A su
vez, Morales definió a Chile como el "Israel de América del Sur",
caracterización referida al supuesto papel del país trasandino como "peón"
de Estados Unidos en el Cono Sur americano.
Al respecto, cabe recordar que en las elecciones presidenciales de 2003, que
llevaron al gobierno nuevamente a Sánchez de Lozada, quien ya había ejercido
la primera magistratura entre 1993 y 1998 (después del segundo mandato de
Paz Estenssoro) el entonces derrotado Morales, que ocupó el segundo puesto,
llevó como compañero de fórmula al general José Ayoroa, un oficial retirado
con cierto prestigio en las Fuerzas Armadas. Habría que agregar que en los
días previos a la renuncia de Mesa, la COB y su jefe Solares exigieron
públicamente la conformación de un "gobierno cívico-militar".
Pero el abierto respaldo venezolano a Morales y el intento de fortalecer una
corriente "bolivariana" dentro de la oficialidad joven del Ejército, no es
el único ingrediente externo que actúa detrás del telón en esta conmocionada
Bolivia del altiplano. Hay fuertes indicios de que las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) también colaboran con el líder cocalero,
así como de la existencia de antiguos vínculos entre Quispe y elementos de
Sendero Luminoso, una organización que hizo siempre de la ideología
"indigenista" su principal recurso propagandístico.
La consigna de estatización de los hidrocarburos, que la Bolivia del
altiplano ha colocado al tope de sus reivindicaciones, empalma con la
estrategia de Chávez de impulsar, desde la empresa estatal Petróleos de
Venezuela, la conformación de una gran compañía petrolera pública
sudamericana, una iniciativa que no tuvo ningún éxito con Petrobras, pero
que sí encontró acogida en el gobierno argentino, que busca otorgar algún
sentido a la reciente creación de ENARSA, una empresa estatal que hasta
ahora sólo existe en los papeles.
Algo está claro: ni Santa Cruz de la Sierra ni Tarija, que ya avanzan
decididamente en la senda del autogobierno en el marco de una posible
Bolivia federal, están dispuestas a admitir ninguna fórmula que suponga la
estatización de los recursos de su subsuelo y su manejo desde La Paz. Ante
semejante peligro, hasta podrían sentirse obligadas a pasar del camino de la
autonomía a la temida variante de la secesión, lo que en términos prácticos
supone una guerra civil. Hasta la caída de Mesa, en Bolivia rigió lo que
algunos politólogos apodaron el "empate catastrófico". El peligro ahora es
que más catastrófico aún resulte el desempate.
Pascual Albanese
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