La Patria Grande

Un grupo de activistas de izquierda, encaramados en la conducción formal de la FUBA, se ha propuesto impedir que el doctor Atilio A. Alterini se convierta en el próximo rector de la Universidad de Buenos Aires.
Por convicción o conveniencia, esgrimen que el decano de la Facultad de Derecho no reúne la idoneidad moral requerida para ser rector de la UBA, ya que al instaurarse la dictadura, el 24 de marzo de 1976, continuó desempeñándose durante un año como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y, adicionalmente, en 1981 ocupó un cargo municipal. Al parecer, el no haber renunciado a la magistratura en la madrugada misma del golpe de Estado convierte al doctor Alterini en un " cómplice del genocidio ". Esta descalificación es compartida por Madres de Plaza de Mayo (sector Bonafini) y algunos grupos piqueteros

Formulada la cuestión en estos términos extremos, todo vale, todo se justifica. Así resulta de una lógica irresistible apelar a la fuerza para impedir que la Asamblea de la UBA se constituya, ni aun siquiera para analizar la procedencia o razonabilidad de la impugnación al doctor Alterini.
Adviértase que los impugnadores del doctor Alterini, convocados a opinar por el decreto 222/03 del presidente Kirchner, no objetaron que los doctores Eugenio Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco se convirtieran en ministros de la Corte Suprema de Justicia aunque también hubieran continuado su carrera judicial durante la dictadura del 76/83. Los fiscales Strassera, Moreno Ocampo y la mayoría de los cinco camaristas que condenaron a las Juntas tampoco pasarían ese test moral.
Ha llegado así a la Universidad la patología que desde hace años carcome a nuestra sociedad: la entronización de la doble moral.
Depende de quién se trate será la regla a aplicar. Lamentablemente, este curioso cartabón impera ya hace tiempo en nuestros debates públicos y, lo que es más grave, en el Poder Judicial. Si el culpable de un homicidio es miembro de ETA, la justicia argentina encontrará prescriptible su delito. Si se trata de un militar criollo, su delito será un crimen de lesa humanidad e imprescriptible. El indulto será válido si beneficia a un integrante del ERP o Montoneros, pero de nulidad insanable si quien escapa a la condena es un miembro de las fuerzas de seguridad. Si Carlos Menem omite en su declaración jurada patrimonial una cuenta bancaria en Suiza la Oficina Anticorrupción lo querellará por el delito de declaración jurada maliciosa. Si se le descubre el mismo olvido a un candidato a la Corte Suprema, se tratará de una desprolijidad atribuible a su contador público.
Cuando el ex marino Astiz se jacta de ser " el mejor para matar a un político o a un periodista " la Justicia lo encontrará culpable de apología del delito. Pero si es Hebe de Bonafini quien celebra el atentado a las Torres Gemelas o condena al papa Juan Pablo II a la hoguera, no le cabrá reproche penal.
Ya todos sabemos que hay piqueteros malos y buenos. Ocupaciones de comisarías que catapultan hacia subsecretarías de Estado y tomas de casinos que llevan a peregrinar por lejanos estrados judiciales.
La misma conducta es aprobada o repudiada según la filiación ideológica o partidaria a la que coyunturalmente adscriba su autor. Nada está bien o malper se sino en función de qué intereses se sirve.
Sin igualdad ante la ley, sin respeto, no tenemos República. Sin honestidad intelectual, tampoco tenemos Universidad. Nadie debe beneficiarse con la ruptura de las reglas de juego. Es hora de que los restantes candidatos al Rectorado adopten una posición clara frente al sedicioso atropello que impide sesionar al máximo órgano de gobierno de la UBA. A estas alturas, ganarle a la violencia es más trascendente que el nombre del nuevo rector.

El autor es representante del claustro de graduados en la Asamblea de la UBA.

Por Juan Curutchet