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La presidenta Cristina Kirchner, en los discursos en los que se refirió al paro
agropecuario y al cacerolazo urbano, interpretó que apuntaban al "corazón del
modelo K". Esto es estrictamente cierto, aunque la mayoría de los que
participaron de las protestas no fueran conscientes de ello. La Presidenta
volvió a acertar cuando dijo que mis colegas, los periodistas y los políticos,
que se llenan la boca con la necesidad de redistribuir los ingresos, lo hacen
desde la tribuna y sin tener en cuenta los costos que hay que pagar para jugar
ese partido. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿es sustentable la estrategia
de redistribución del ingreso de la gestión kirchnerista? Pues empieza a
demostrarse que no lo es.
Tomemos como ejemplo el mercado ganadero. Las exportaciones de carne en la
Argentina nunca fueron más del 22% del total producido y, en promedio, en los
últimos ocho años estuvo cerca de la mitad. Las ventas externas siempre
afectaron menos los precios internos que la evolución de la demanda local. Por
ello, con la crisis de 2000-2002, la disminución del consumo de carne redujo los
precios en dólares, lo cual incentivó a los ganaderos a pasarse a otras
producciones más exportables. Cuando en 2003 la economía se recuperó, la gente
gastó más y esto implicó una suba del precio del "kilo vivo" en Liniers. Desde
principios de 2004, el sector agropecuario, poco a poco, empezó a volver a la
ganadería, reteniendo vientres e invirtiendo en un mayor engorde de los
animales.
Desde fines de ese año, el Banco Central incrementó la emisión de pesos para
comprar divisas y mantener un tipo de cambio alto. Esto incentivó una creciente
inflación, que coincidió con el período de recuperación del precio de la carne,
y que empezó a castigar el poder adquisitivo. En el segundo trimestre, el
Gobierno intentó morigerar este impacto a través del control de los precios y de
las restricciones a la exportación de carne. De esta forma, se instrumentó un
proceso de redistribución del ingreso desde el bolsillo de los productores al de
los consumidores. En un artículo publicado en este suplemento advertí que esto
llevaría a una liquidación de vientres y de animales para liberar campos para la
siembra de fines de año. Esto mantendría bajo el precio de la carne durante el
invierno, pero, desde el cuarto trimestre, la carne empezaría a ser cada vez más
escasa, debido a la menor producción. De esta forma, los precios volverían a
crecer durante el verano de 2007, todo lo cual efectivamente ocurrió.
En el segundo trimestre de 2007, el Gobierno redobló la apuesta en término de
mayores controles y restricciones a las ventas externas. En otro artículo
-"Carne para hoy, hambre para mañana"- advertí que la historia se repetiría y
que, de seguir con estas políticas, terminaríamos teniendo que viajar a
Montevideo para comer un churrasco. Hoy vemos que la producción cae y los
ganaderos, cada vez más castigados, migran a otras actividades.
Esto no sólo sucedió con la carne, podemos repetir la historia con la leche en
la que, gracias a la redistribución de riqueza del Gobierno, en dos años, se
perdió casi un 8% de los tambos y la producción bajó un 13%. Lo mismo podríamos
decir de las restricciones y controles sobre el maíz y el trigo, que llevaron a
sus productores a buscar otras alternativas menos relacionadas con la canasta
básica. Esto demuestra que la sojización es responsabilidad de las malas
políticas que hicieron más atractiva su rentabilidad.
¿Qué hubiera pasado con los precios si no hubieran existido estos controles?,
pues lo mismo que paso en Uruguay, Brasil o Chile que no siguieron las políticas
K. Los precios subieron; pero la inversión, la producción, el empleo y los
ingresos, también. Así pueden hoy comer más carne, leche, pan y aceite. A
diferencia de la Argentina, que se come lo que antes exportaba y las vacas que
deberían producir la carne y la leche en el futuro.
Otro ejemplo: la escasez de energía. El Gobierno cree que las condiciones de
prestación de los servicios públicos y sus precios son un instrumento de
redistribución. La decisión de cuándo, cómo y a quiénes se les brindará, quedó
en manos de un funcionario. Esto implica que no haya reglas de largo plazo y que
resulte imposible planificar. ¿Quién invertirá si se desconoce el marco que
regirá cuando esté produciendo? Nadie. Esto ocurre desde que, en 2002, el Estado
quebró las condiciones y los contratos que, cinco años después y sin emergencia,
no se han reestablecido.
Sus tarifas han tenido subas mínimas; lo que significó una transferencia de
recursos desde sus dueños a los consumidores. Alguien podrá pensar que no hay
motivo para pagar más por la electricidad si es que, hasta ahora, se ha podido
proveer a los actuales valores. No es así, por varios motivos. Primero, porque
en este marco y sin reglas claras, la inversión de las empresas es mínima y esto
limita su capacidad de oferta.
Segundo, porque, como los costos de generación crecen más que las tarifas
promedios que cobran las empresas, el Gobierno las subsidia. Esta transferencia
fue de $ 265,5 millones, en 2002, y llegó a $ 8330 millones, en 2007. Esto
implica que los contribuyentes pagan lo que no abonan los usuarios de energía. A
esto hay que sumarle la necesidad de asignar recursos públicos a inversiones en
el sector que podrían hacer, y que en otros tiempos hicieron, los privados. Como
el Estado no cuenta con recursos suficientes ni capacidad gerencial para
hacerlo, seguirán los problemas energéticos.
Esto implica más erogaciones públicas para mantener el aumento de los subsidios
por el congelamiento de los precios del transporte, los alimentos, las tarifas
de empresas de servicios públicos, más los costos de reestatización de la obra
en infraestructura y, además, para las necesarias subas de gasto en personal,
jubilaciones y otras obligaciones del Estado. Para ello, se instrumentó una
presión tributaria récord. El último manotazo fueron las retenciones móviles.
Para los que hablan de la falta de solidaridad con el modelo del agro, vale
recordar que el Estado ya se apropiaba del 35% de esos ingresos y, con el resto,
debían pagar los costos y, luego, todos los restantes gravámenes, al igual que
el resto de sus conciudadanos. Sin embargo, no se lanzaron al paro hasta este
último apretón impositivo. Hay un límite. Se puede exprimir la naranja hasta que
se acaba el jugo.
Ya vimos los costos; pero, por lo menos, ¿la distribución del ingreso mejora?
No, lo cual critican hasta los políticos y economistas oficialistas. Esto no es
raro, ya que se puede demostrar que la mayor parte de los ingresos
redistribuidos fueron de gente con buen ingreso a otra con similar nivel de vida
o de pobres a otros de mejor situación. En definitiva, la proporción del sector
carenciado que se benefició con la redistribución fue mínima. Algunos dirán que
las políticas de redistribución K son las que fallan, y otros que no se pudo
redistribuir bien la riqueza, sino alentar su generación y asistir a los más
necesitados para que tengan oportunidades de mejorar. Sin embargo, esta
discusión quedará para otro artículo.
Aldo Abraham
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