Néstor Kirchner dedicó varios días de su semana más aguardada a hacer guantes contra distintos adversarios: economistas con los que no comulga, periodistas y directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa, gobernantes de etapas anteriores a la que él imagina haber inaugurado, organismos multilaterales de crédito, empresas privadas de servicios públicos, etc.
Dado que el gobierno ha considerado un éxito el canje de la deuda pública que dio por concluido el jueves 3, resultó sorprendente para muchos que el tono elegido para celebrarlo haya sido, más que el de la satisfacción discreta o hasta el del festejo, el de la reincidente confrontación.
El discurso de rendición de cuentas y proyectos con que los presidentes inauguran las sesiones del Congreso se convirtió este año en el primer round de una pelea que continuaría en los días siguientes con declaraciones y piezas de oratoria convertidas en golpes (más a diestra que a siniestra).
Resulta evidente que Kirchner no se sentía cómodo en la situación defensiva donde lo venían arrinconando, desde diciembre, diversos acontecimientos: desde el incendio de la discoteca República de Cromagnon (que incineró a su principal asociado en la Capital Federal) a la derrota de la boleta justicialista en Santiago del Estero, un domingo atrás, pasando por narcoescándalo de Ezeiza y su cadena de silencios.
Así, la noticia de que el canje había obtenido un 76,07 por ciento de admisión pareció a la Casa Rosada el momento adecuado para ensayar una contraofensiva.
Desde la interpretación por momentos conspirativa del oficialismo, la visita a la Argentina de representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y sus críticas a la relación del gobierno con los medios parecían capítulos de un programa destinado a ensombrecer la noticia del canje. Quizás esa sea la fuente de los virulentos ataques a esa institución y a alguno de sus miembros. Inclusive el duro acoso del sindicato de camioneros a la empresa Coto, con sus instancias violentas, mereció idénticas sospechas, si bien el gobierno no cuestionó a Hugo Moyano en público. El diario La Nación y su editor jefe, Claudio Escribano, son blanco de la ira presidencial desde el inicio de la gestión. A ese malestar general el gobierno le suma ahora otra cuita: el matutino fue el que dio a conocer el largamente silenciado contrabando de cocaína a través de la empresa Southern Winds, subsidiada durante un año y medio por el Estado.

 El canje y lo que viene

Así haya sido con aquellas erupciones de virulencia, el gobierno pudo mostrarse orgulloso al presentar los resultados del canje de deuda pública. La “oferta de Buenos Aires”, con la que en junio de 2004 mejoró (triplicándola) la llamada “oferta de Dubai”, sumada a un contexto internacional que favoreció por la caída de las tasas de interés, motorizaron la aceptación relativamente alta de las condiciones establecidas por el gobierno argentino.
Aunque menor que el alcanzado en otras importantes recomposiciones de deuda (Rusia, Ecuador) el porcentaje de admisión (76,07) puede considerarse elevado, si bien se reduce a poco más del 50 por ciento en el campo de los tenedores externos de bonos.
Queda por ver qué ocurrirá con los tenedores de bonos por valor de casi 25.000 millones de dólares que no se avinieron a aceptar la oferta argentina. El gobierno ha declarado que no reabrirá el canje para dar una nueva oportunidad a esos acreedores y parece decidido a dejar totalmente impaga esa deuda, que no es poca y que, en su mayor proporción, está en manos de tenedores externos. Puede alegar, para hacerlo, que una ley del Congreso se lo impide: fue la norma que el propio Ejecutivo solicitó para fortalecer su posición negociadora. Muy probablemente el FMI abogará a favor de esos acreedores, cuyos bonos, en palabras de Roberto Lavagna “pueden permanecer impagos indefinidamente”. En cualquier caso, parece evidente que esa deuda documentada debe ser contabilizada y previsionada ya que, en el peor de los casos, será objeto de causas judiciales contra el Estado argentino. En el Congreso ya hay algún diputado que prepara un proyecto para habilitar al Ejecutivo a reabrir la puerta de una nueva aceptación que hoy parece cerrada con siete llaves.
Incluyendo, como no hizo el gobierno, los 24.500 millones de dólares de esa deuda litigiosa, después de la recomposición el monto de las obligaciones alcanza a los 149.000 millones de dólares, más de un 80 por ciento del Producto Bruto Interno. Es una reducción importante en relación con la deuda computada en el año 2004, que representaba el 128 por ciento del PBI. De todos modos, el monto actual supera el de la deuda pública a fines de 1999, que llegaba a US$ 110 mil millones y equivalía al 39% del PBI. A fines de 2003, después de la devaluación, pesificación asimétrica y confiscación parcial de los depósitos bancarios, la deuda pública neta total  era de US$ 157 mil millones y representaba el 122% del PBI.
Una virtud del canje (aunque habrá que ver si las futuras generaciones lo estiman de esa manera) reside en haber extendido la deuda en el tiempo, durante casi medio siglo. De todos modos, este año y el próximo las obligaciones son pesadas. En 2005 hay vencimientos por casi 10.000 millones de dólares, equivalentes a alrededor de un 9 por ciento del PBI. La necesidad de una enorme disciplina fiscal es obvia, pero es improbable que el superávit alcance para cubrir todos los compromisos. De ahí que recobre importancia la negociación con el Fondo Monetario Internacional: para conseguir la refinanciación de compromisos con los organismos multilaterales de crédito. Por cierto, renegociar implicará admitir algunas condicionalidades del Fondo a las que hasta el momento el gobierno se ha mostrado reactivo.
Otro frente difícil: el Estado afronta 35 litigios por un monto próximo a los 20.000 millones de dólares en el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial, el CIADI. Son causas abiertas por las empresas privatizadas a raíz del congelamiento de tarifas y de los efectos de la pesificación compulsiva. El gobierno rechaza la autoridad del CIADI y seguramente se negará a cumplir con los laudos que emerjan de esa instancia (se espera uno, adverso, en una causa impuesta por una distribuidora de gas, para las próximas semanas). ¿Cómo incidiría esa rebeldía frente al CIADI, un organismo del sistema del Banco Mundial, en el desarrollo de las negociaciones con el Fondo?

 Despegue de Ezeiza

Mientras procura sacar el máximo dividendo del resultado del canje, el gobierno procura despegarse de situaciones internas comprometidas. Pese a todos los datos que involucran a altos funcionarios oficiales en el extenso silenciamiento del llamado narcogate, el oficialismo insiste en considerarlo un mero  “caso de índole policial”. El presidente declaró esta semana que “los encubrimientos en Argentina no tendrán más lugar”, lo que probablemente deba interpretarse como un compromiso en el sentido de que no se protegerá a aquellos hombres del gobierno que eventualmente aparezcan ligados al affaire. Con todo, el gobierno sólo solicitó a la Oficina Anticorrupción que investigue a miembros de la Fuerza Aérea y nada dijo sobre otros funcionarios que sabían o debían saber lo que pasaba con el contrabando de cocaína y, al parecer, no informaron a las máximas autoridades del país.
Esta semana se conoció un informe del gobierno de Estados Unidos que subraya el “momento crucial” que atraviesa la Argentina en relación con el narcotráfico y la evidencia de que redes con origen en Colombia se están estableciendo en el país.

 Chacarera santiagueña

En el terreno partidario – el del peronismo- el gobierno debió asimilar una derrota en los comicios del domingo 28 en Santiago del Estero. También de esa caída procuró despegarse el Ejecutivo.   : “El ministro del Interior –informaron (casi) todos los matutinos – le solicitó al triunfador, Gerardo Zamora, que no nacionalizara su victoria y no mencionara a Kirchner entre los derrotados”.
Conciente de que, como la mayoría de las provincias, Santiago deberá contar con la buena voluntad de la caja nacional, el gobernador electo recitó disciplinadamente el guión que le propusieron, pero, en rigor, quién podría creer esa versión. ¿Cómo no contar al gobierno nacional como derrotado principal después de que decidió intervenir Santiago del Esteroy envió a sus primeras espadas, munidas con chequeras y alimentos para encarar la elección con ese sesgo de clientelismo que suele achacar a la “vieja política”?
En el seno del peronismo se ha registrado escrupulosamente lo ocurrido en Santiago. Desde Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saa hasta Eduardo Duhalde cuestionaron la acción oficial. Duhalde dejó sentado su rechazo a las intervenciones, en general, quizás maliciando que un calentamiento extremo de los conflictos en la provincia de Buenos Aires puedan tenar al gobierno nacional, en algún momento, a hacer la misma pruebita en su distrito.
Si se analizan los gestos públicos del Presidente, no parecen quedar dudas de que la Casa Rosada estimula los actos de rebeldía de Felipe Solá contra la estructura partidaria que responde a Duhalde: Kirchner asistió en las últimas semanas a media docena de actos organizados en territorio bonaerense por el gobernador. El hombre de Lomas de Zamora no quiere inmutarse ante esos gestos. Está convencido de que Kirchner sabe sumar y restar y que sus cuentas le seguirán indicando que para gobernar necesita al duhaldismo, así como que las fuerzas de Solá no tienen envergadura suficiente como para ponerlo en problemas en una interna partidaria. Es probable que muchos duhaldistas hechos y derechos no abriguen tantas certezas como su caudillo.
El Presidente, entretanto, pelea con otros abiertamente pero no quiere hacer guantes con Duhalde en público. Ya habría decidido renunciar a la idea de que Cristina Kirchner sea candidata en la provincia de Buenos Aires. Las uvas están verdes. El rey de la pelea preserva a la reina.