En 1972, a la hora de su retorno definitivo a la Patria, el general Perón modificó una de las Veinte Verdades Justicialistas. Donde antes decía que “para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista”, Perón estableció que “para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino”. Porque la misión esencial de un gobierno es unir, no dividir;  integrar, no fragmentar.

El actual gobierno hace exactamente lo contrario: divide, fragmenta, polariza, disuelve. Al revés de lo que planteaba Perón, su política se basa en la confrontación permanente, hacia adentro y hacia fuera del peronismo y de la Argentina.

 

Ante la proximidad de las elecciones legislativas del 23 de octubre, el oficialismo trata de construir una base política propia, que le permita remontar su debilidad de origen (resultado de ser el primer gobierno constitucional que llega al poder en la Argentina después de haber perdido las elecciones) y adquirir una legitimidad que le negaron las urnas. Pero para cumplir con ese objetivo, en un acto supremo de deslealtad, no vacila en atacar justamente a quienes le posibilitaron alcanzar una presidencia a la que jamás hubiera podido siquiera soñar acceder con sus propias fuerzas.

 

Cabe recordar que, como resultado de una maniobra política perpetrada en el Congreso de Lanús, efectuado en noviembre del 2002, para evitar la realización de elecciones internas abiertas destinadas a  legitimar su fórmula presidencial para las elecciones del 27 de abril de 2003, el peronismo, por primera vez en su historia, concurrió a las urnas dividido en torno a tres candidatos.

En ese escenario de atomización del peronismo, el binomio que entonces salió segundo en la primera vuelta electoral, y que ni por asomo hubiera podido ganar una elección interna abierta dentro del Partido Justicialista, asumió la Presidencia de la República con el respaldo de apenas el 22% de los votos.

 

 El nuevo gobierno, en vez de avanzar hacia la reunificación del peronismo, eligió el camino de la confrontación permanente contra sus adversarios internos y contra las principales instituciones de la República, incluidas la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. De entrada marginó a los sectores que habían acompañado a las otras dos fórmulas justicialistas. En cambio, avanzó en la gestación de alianzas políticas con distintos sectores de izquierda y de ultraizquierda, inclusive con un ala del movimiento piquetero a la que comenzó a financiar pródigamente con fondos públicos, en una práctica sistemática del más corrupto clientelismo político extendida también a algunos gobernadores y hasta a ciertos medios de comunicación.

Esa misma estrategia de la “transversalidad” le hizo apoyar en la Capital Federal la reelección de Aníbal Ibarra como Jefe de Gobierno, contra la posición de la mayoría del peronismo porteño, un respaldo que ahora pretende disimular, para tratar de evitar la catástrofe electoral que le espera en la ciudad de Buenos Aires.

 

 En una nueva fase de esa ofensiva, el oficialismo embiste ahora contra el aparato partidario que, con el activo concurso del Estado nacional y provincial, le proporcionara aproximadamente los dos tercios de aquel escuálido 22% de los sufragios que hace dos años lo depositó en la Casa Rosada. 

 

En este contexto, resulta imprescindible contrarrestar la maniobra de destrucción del peronismo y de disgregación del sistema político argentino impulsada por el gobierno nacional.

El acuerdo estratégico que establecimos con el compañero Adolfo Rodríguez Saa responde a la necesidad de encarar una vasta tarea de reconstrucción política del peronismo, que no puede agotarse en la convergencia de uno o dos sectores internos determinados. Muy por el contrario, esta propuesta de reunificación intenta abarcar al conjunto del justicialismo en todo el país y, muy especialmente, en la provincia de Buenos Aires, más allá de las diferencias pasadas y aún presentes.

 

Sabemos que la reconstrucción del peronismo es una condición fundamental para la consolidación del sistema político argentino, pero por supuesto que  no es  la única. De allí la importancia que adquiere el frente político recientemente articulado entre el doctor Ricardo López Murphy y Mauricio Macri, cuya conformación consideramos un inestimable aporte al país. Por idénticos motivos, saludamos también la acción que despliega el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch. Estamos absolutamente convencidos de que esa contribución patriótica no merece  las diatribas con que fue recibida por el Presidente de la Nación, que todavía no parece haber comprendido que su obligación constitucional no es la de ser el jefe de una facción ideológica, sino el Presidente de todos los argentinos.