Domingo 03 de Abril de 2005

IMPERIOS CONTRA NACIONES

CON LA EXCUSA DE LOS DERECHOS HUMANOS LOS CIVILIZADOS CIERRAN EL CAMINO A QUIENES BUSCAN CIVILIZARSE

En La fuente impura (Andrés Bello), James Laughland indaga los supuestos orígenes totalitarios de la idea europeísta

Soldados yugoslavos instalando un puente militar para reemplazar a uno bombardeado por la OTAN, en la región de Jagodina
Cuando las primeras bombas de la OTAN cayeron sobre Yugoslavia, el 24 de marzo de 1999, un nuevo orden mundial se instituía. Una década después de la caída del Muro de Berlín, Occidente hacía exactamente lo mismo de lo que acusaba a la Unión Soviética, esto es, atacar a un Estado soberano y subvertir el sistema internacional. Los principales defensores de los ataques de la OTAN definieron muy claramente el propósito de su accionar: eliminar la soberanía estatal como principio orientador del sistema internacional y sustituirlo por la doctrina universal de los derechos humanos. Desde entonces, la Unión Europea ha acentuado esa misma línea antisoberanía. Cuando el Partido por la Libertad se incorporó a la coalición gobernante en Viena, los otros catorce estados anunciaron que cesarían todas las relaciones bilaterales con Austria hasta que el partido de Jörg Haider fuera eliminado de la Ballhausplatz. El canciller alemán, Joschka Fischer, sentó claramente su posición: "Nosotros y nuestros socios no podemos aceptar que un partido cuyas políticas apuntan en contra de Europa alcance una posición desde donde pueda bloquear una mayor integración europea".

Sus declaraciones aludían a Haider, pero igualmente podrían aplicarse al líder del Partido Conservador británico, William Hague. Confirmaban que los defensores de la integración europea, y de la globalización de la cual es parte, no tienen reparos en pasar por alto los resultados de una elección democrática o atacar el principio de la autodeterminación nacional con el fin de alcanzar sus objetivos. Las palabras de Fischer, y las políticas que las soportan, confirman que todos los líderes occidentales están hoy en deuda con la antigua doctrina brezneviana de la "soberanía limitada", y que están decididos a establecer el tipo de supranacionalismo al que se refería en octubre de 1952 el Partido Comunista Soviético como "una relación enteramente nueva entre estados, sin precedentes en la historia", y del cual se suponía que las propias relaciones de la URSS con los países del Pacto de Varsovia eran el más brillante ejemplo. Los viejos postulados comunistas del internacionalismo y el antifascismo falaz han migrado ahora desde Berlín Este y Moscú para anidar en las cancillerías de Europa y Estados Unidos.

Así como el Muro de Berlín se justificó como una barrera de protección antifascista, la entera sopa de letras de las instituciones internacionales anónimas que ahora nos gobiernan -con la UE en primer lugar- se justifica como un baluarte contra cualquier erupción de "nacionalismo" que pueda turbar la administración incontestada del planeta por parte de los burócratas. La globalización es simplemente la extensión a nivel mundial de los principios que animan la Unión Europea: que la idea de nación y la posibilidad democrática de optar son peligrosas y que deben sublimarse dentro de un solo gobierno planetario. Como escribía Jean Monnet en sus memorias: "La Comunidad Europea en sí es sólo una etapa en el camino hacia las formas de organización mundial del mañana". Así, Occidente se encuentra hoy a punto de alcanzar aquello que Lenin y Trotski soñaron en 1917. La meta no es tanto establecer un autoproclamado superestado en el nivel europeo o mundial, sino más bien abolir por completo la idea de Estado (...)

En realidad, se piensa que el problema son las naciones. Así como en cuestiones internas esta visión apolítica considera que las decisiones libres e individuales de los ciudadanos tienen potencial para la discordia y el conflicto (en vez de comprender que dicho conflicto, propiamente expresado, es la sustancia de la vida humana), se sostiene que las naciones libres son una amenaza para la estabilidad y la planificación económica racional. En el peor de los casos, se considera que la nación -con su corolario presuntamente inevitable, el nacionalismo- contiene la guerra tal como un frente de tormenta contiene la tormenta. Para impedir la guerra, se alega, es necesario subsumir las naciones en conjuntos supranacionales, de modo que en el futuro "posnacional" se evaporen todas las diferencias políticas.

En ninguna parte se persigue este futuro posnacional con mayor vigor que en Europa. No es casual que el encierro de los parlamentos nacionales en las mazmorras de la historia se realice en vísperas de la unión monetaria europea: ese programa tecnocrático es apolítico y antinacional. En términos constitucionales, es cualitativamente diferente del proyecto de crear un mercado único, aunque puede usar el lenguaje del libre intercambio entre las naciones para encubrir su proyecto de establecer un control central sobre ellas. Sus partidarios recelan del conflicto natural entre las personas, los partidos, las naciones, y entre sus valores y objetivos, los cuales -siendo el hombre un animal político- son los elementos definitorios de la sociedad humana. Según la ideología europeísta, la multiplicidad implica desorden y el orden requiere uniformidad.

Esta visión democratacristiana de la historia sostiene que la nación-estado es una forma obsoleta de organización política. "La nación-estado (...) no puede resolver los grandes problemas del siglo veintiuno", sostiene el ex canciller Kohl. Por cierto, los ideólogos de una Europa posnacional nunca dicen que las naciones en cuanto tales están amenazadas por una Europa posnacional. En cambio, creen que las naciones no necesitan constituirse en estados para existir: "la nación y la nación-estado no son idénticos". Pero la "identidad cultural" de una nación -sea lo que fuere- no es una compensación por su identidad e independencia política, así como el fulgor chabacano de un calentador eléctrico que imita un leño no es un sustituto satisfactorio del chisporroteo de un fuego real.

Una nación-estado independiente es la expresión política de un pueblo que acepta el reto de dirigir sus propios asuntos y de liberarse del sopor del imperio. Una nación-estado independiente toma sus decisiones políticamente, en virtud del debate público y la oposición. Siendo una forma política de asociación humana -es decir, una forma donde el conflicto está reconocido e institucionalizado como componente saludable del cuerpo político-, genera leyes, no directivas. Creer que la independencia constitucional o la soberanía son conceptos irrelevantes es creer que las libertades políticas y el imperio de la ley pueden existir sin el Estado.

El gobierno de Vichy pensaba que la identidad y la nacionalidad de Francia se podían conservar incluso en ausencia de la soberanía nacional: así destruyó el fundamento político de la nación francesa, y por ende de la ciudadanía francesa. Aparte de reducir el noble, democrático y arduo concepto de nación política al nivel de un folklore despreciable e imbécil -mientras De Gaulle encabezaba la Resistencia, el mariscal Pétain pedía a los niños franceses que le enviaran un dibujo de su aldea-, esto dejó a la Francia de Vichy con una mera concepción racial de la ciudadanía. El resultado consistió en autobuses para Auschwitz.

Por último, creer que las fronteras -esos límites jurisdiccionales que se deben trazar claramente para existir- se pueden eliminar o considerar irrelevantes es sostener que la claridad y el rigor del derecho, y la actividad pública de la política, se pueden cambiar por la oscuridad de la regulación burocrática y el poder de los pasillos.

El proyecto de la unión monetaria europea es un ejemplo de esta segunda opción. Propone situar los regímenes parlamentarios de cada estado miembro (tal como están) bajo el control económico de un solo banco central independiente. Más aún, propone que el marco general de la política económica (especialmente el presupuesto) sea decidido por el Consejo Europeo de Ministros, o un subgrupo de esta entidad, aunque este cuerpo no responde a ningún parlamento ni electorado. En dicha Europa, todos los poderes ejecutivos y legislativos esenciales se dividirán entre tres instituciones no electivas que no responden ante nadie: el Banco Central, el Consejo de Ministros y la Comisión Europea.

Los federalistas europeos rinden pleitesía a la idea utópica de que todos los estados europeos tienen los mismos intereses con el término "comunidad de destino", pero esta visión beatífica es sólo el enfoque unitario de un ordenamiento nacional elevado al nivel internacional: si los intereses de todos los ciudadanos son los mismos, ¿por qué no serían idénticos los intereses de diferentes naciones?

Adornado con el lenguaje soporífero de la inevitabilidad y el determinismo, este enfoque administrativo del gobierno elimina el concepto de elección política y liderazgo. Sume al gobierno en el anonimato, y diluye esas líneas de responsabilidad que son los tendones mismos de la democracia. No deja margen para la noción que está en el corazón de la doctrina del "imperio de la ley": que los ciudadanos interactúan con inteligencia dentro del marco del derecho, partiendo de su entendimiento de la situación en que se encuentran. Al ignorar o restar importancia a la urdimbre básica de una sociedad libre -al no ver que el mero hecho de que la conducta económica individual sea imprevisible es un factor de fuerza-, esta visión planificadora también corre el riesgo de destruir las fuentes de la prosperidad (...)