Domingo 03 de Abril de 2005

La manifiesta incapacidad para gobernar de la coalición electoral que integraron la UCR y el FREPASO, llevó a que Fernando De la Rua pasara a cumplir el pobre papel de un "rey que no gobierna", pese a que nuestra Constitución dispone que el Poder Ejecutivo debe ser ejercido in toto por la persona que sea electa como Presidente de la Nación y a que la decisión libre y soberana del pueblo le otorgó un mandato presidencial plenamente legal y legítimo.

El antecedente de este lamentable cuadro institucional que padecemos hoy los argentinos, es la modalidad de usurpación del poder que se diera en llamar "bordaberrización", en referencia al golpe de Estado encubierto que se produjo en Uruguay en 1975, cuando una coalición cívico - militar pasó a ejercer el poder real, utilizando como mascarón de proa a José María Bordaberry, un dirigente político que aparecía como Presidente aunque era una mera figura decorativa.

Algo similar se buscó hacer en la Argentina en 1975 y 1976, cuando se quiso forzar la renuncia de Isabel Perón - que ejercía, legal y legítimamente, la Presidencia de la Nación - y sustituirla por algún civil que obrara como títere de la Junta Militar que, junto con sus aliados civiles, obrarían como el poder real.

Ese intento que no pudo concretarse por la digna firmeza con que la señora de Perón lo rechazó, prefiriendo ser derrocada, perder su libertad y poner en riesgo su vida antes que traicionar el mandato popular que había recibido, cuando acompañó en la fórmula del Justicialismo a su ilustre esposo, el teniente general Juan Domingo Perón.

Hoy, los grupos oligárquicos que pasaron a ejercer "el poder detrás del trono", fueron los inspiradores y pretenden ser los beneficiarios de la conjura que condujo a la detención del presidente del Partido Justicialista, compañero Carlos Saúl Menem, según lo dispusieron el juez Urso y el fiscal Stornelli, cuyos poderes y designaciones no proceden del ejercicio libre y directo de la voluntad soberana del pueblo.

El verdadero objetivo que inspiró la aplicación de tan arbitraria e inaceptable decisión, adoptada violentando los más elementales principios del derecho y de la justicia, es procurar sacar a Menem del terreno de los acuerdos políticos a los que es imprescindible arribar si se quiere comenzar a sacar a la Argentina de la crisis agónica en la fue sumida.
La elaboración de coincidencias programáticas entre el justicialismo y el radicalismo sería el núcleo de esos acuerdos, dado que ambas corrientes políticas, sumadas, expresan alrededor del 75 por ciento de la decisión electoral de los argentinos.

Se trata de elaborar un programa compartido de medidas concretas orientadas a afrontar los principales desafíos que se nos presentan hoy a los argentinos que, en esencia, son los siguientes:
- alcanzar un crecimiento económico sustentable,
- disminuir los índices de pobreza,
- mejorar la calidad de los servicios del Estado en todos sus niveles,
- profundizar la democracia política y social, restaurando la confianza social en los sistemas de representación,
- insertarnos en el mundo globalizado desde la afirmación de nuestra identidad nacional

Si justicialistas y radicales coincidiéramos en ese menú de medidas compartidas, quien ejecutara ese programa contaría con un nivel de gobernabilidad más que suficiente para poder aplicar efectivamente las medidas que en él se establecieran.
Reconocemos que Carlos Menem - pese a su incuestionable condición de legal y legítimo presidente del PJ y a sus méritos por la gigantesca obra de transformación de la Nación llevada a cabo durante los diez años en los que condujo el país - no es hoy la expresión que contiene a todos los sectores internos del Justicialismo. Pero no es menos cierto que los acuerdos que pueda establecer el Justicialismo estarían viciados de una irremediable ilegitimidad y carecerían de validez real y aplicabilidad efectiva si no estuvieran suscriptos también por Menem.

Es por eso que el objetivo político oculto que se persigue con la detención de Menem es quitar toda viabilidad a que se pueda avanzar en la perspectiva de un acuerdo como el arriba planteado, que establecería las condiciones para que Fernando De la Rua pasara a ejercer en plenitud el mandato presidencial para el que fue electo.
Quienes traban la perspectiva de ese acuerdo son los grupos oligárquicos carentes de votos que vienen ejerciendo el poder detrás del trono y que se proponen mantener e incrementar esas cuotas de poder que hoy detentan, procurando alcanzar el control total y efectivo del sistema de toma de decisiones del Estado y debilitando la soberanía popular, principio básico de la vida democrática.

Debemos recordar, aunque pueda ser obvio, que el ataque judicial a Menem no es la primera y probablemente no sea la última de las operaciones llevadas a cabo por los grupos oligárquicos de hoy, que son la continuidad de aquellos que, después del golpe de Estado de 1955, detentaron el poder real en la Argentina, tanto en gobiernos de facto cuanto en gobiernos que parecían ser de iure, mediante el control que tenían sobre lo que se dio en llamar el "partido militar", a través del cual usurpaban al pueblo el derecho a ejercer el poder político que le es propio.

El vigor de ese "partido militar" quedó deshecho durante el gobierno Justicialista que presidió Menem, uno de cuyos méritos históricos fue terminar con la legitimación del uso o la amenaza de uso de la violencia para tomar el poder por parte de sectores sociales significativos de la comunidad.

A los que no se llegó a deshacer fue a esos grupos oligárquicos que, cuando se vieron privados de la posibilidad de seguir apelando al "partido militar", diseñaron nuevos mecanismos para seguir ejerciendo una cuota parte significativa del poder del Estado y lo que conseguían antes mediante el control sobre las cúpulas castrenses, ahora intentan lograrlo a través de la manipulación de resortes claves de poder en los medios de comunicación y en el poder judicial, que tienen en común el hecho de que quienes ejercen esos poderes no dependen de la decisión popular expresada en elecciones libres.

Reiteramos que uno de los objetivos centrales de esa verdadera asociación ilícita de sectores del poder mediático y del poder judicial es evitar que prospere el acuerdo estratégico y programático entre la UCR del presidente De la Rua y el peronismo al que antes hicimos referencia.
Para quienes integran esa verdadera asociación ilícita, el gorilismo primario que caracteriza a ese sector de la UCR no les parece garantía suficiente para impedir que avance la perspectiva de aquel acuerdo. Saben que, como expresa el dicho popular, "no hay nada mejor que un buen susto para despertar a un mamado" y la ineptitud de la Alianza para ejercer el gobierno que le había confiado el voto popular era capaz de producir, no ya un susto, sino toda una serie de películas de terror capaz de terminar con la más aguda intoxicación de gorilismo.

De allí que montaran una fenomenal campaña dirigida a desprestigiar y deteriorar a la que pasaron a llamar "la clase política", para lo cual contaron con la invalorable ayuda de la debilidad intelectual, moral y/o de carácter que aportaron muchos dirigentes políticos de hoy, quienes exhiben una pequeñez que engrandece la credibilidad y los efectos deletéreos en la conciencia social que logran quienes les atacan con la intención de alimentar sus aspiraciones elitistas y antidemocráticas.

No obstante lo cual y sin desconocer que la inconsistencia de gran parte de los dirigentes políticos facilitó la labor de quienes se proponían denigrarlos, siempre es bueno recordar que, como dijera Winston Churchill, "la democracia es un mal sistema político, pero no existe ninguno mejor".

De cara al peronismo, la asociación ilícita se propuso golpearle en tres espacios institucionales de poder: el Congreso de la Nación, los gobiernos provinciales y municipales y la conducción del Partido Justicialista.

Fue así como desde sectores del poder mediático y del poder judicial se ejecutó una maniobra de pinzas para desprestigiar y debilitar al Poder Legislativo en el que ambos sectores se retroalimentaban: desde el Poder Judicial se accedía a inventar el inicio de una causa con cualquier denuncia que difundiera cualquier periodista y todas las actuaciones judiciales aparecían publicadas en los medios, a veces antes de que fueran informadas las partes interesadas.

Uno de los ejes de esa campaña fue el embate contra el Senado de la Nación conducido por Carlos "Chacho" Alvarez - que llegó al extremo de la renuncia a su cargo de quien era el vicepresidente de la Nación - que no estuvo fundado en la búsqueda sincera de mejorar la calidad de la institución en la que están representados los Estados provinciales, sino que tendió a debilitar el principal ámbito de poder en el que el Justicialismo tiene mayoría.

El ataque a los gobernadores provinciales y a los intendentes municipales del Justicialismo giró en torno a presentarlos enfrentados en fracciones internas opuestas y a deteriorar su imagen en la opinión pública, a la vez que se los presiona sometiéndolos a ahogos económicos y financieros.

En esta escalada antidemocrática, ahora van por la conducción del Partido Justicialista y el eje de esta operación es la provocación judicial - mediática montada contra el compañero Menem, en torno de la cual emergen prejuicios y odios gorilas más propios de 1955 que del 2001.

Esta nueva provocación nos duele, pero no nos sorprende porque procede de quienes no aceptan a la soberanía de pueblo como único sustento legal y legítimo del poder que pretenden detentar y para los cuales el Justicialismo fue y es una espada de Damocles pendiente, como ominosa amenaza, sobre sus pretensiones antidemocráticas.

Aunque pretendan presentar esta provocación como la expresión en la argentina del proceso que en Italia fuera llamado "mani pulite", a lo que asistimos es a la manipulación de un Poder Judicial corporativo y oligárquico, separado por completo de la comunidad, por parte de sectores financieros que pretenden seguir percibiendo comisiones multimillonarias como las pagadas con el llamado multicanje de deuda, de medios monopólicos que buscan evadir el pago de deudas multimillonarias y de asociaciones ilícitas que aprovechan sus posiciones en el Poder Judicial para enriquecerse mediante maniobras extorsivas.

Por eso, más que frente a un ejemplo de "mani pulite" ("manos limpias"), estamos en presencia de un caso de "manipulati" ("manipulados").

Finalmente, queremos responder a quienes se declaran encantados por la supuesta "independencia del Poder Judicial respecto del poder político que se refleja en la decisión del juez Urso y el fiscal Stornelli", que son los que escriben Justicia con mayúscula cuando aluden al Poder Judicial y justicia con minúscula cuando se refieren al valor de dar a cada uno lo suyo.

En contraste, nosotros nos llamamos justicialistas porque es la Justicia el valor esencial que vinimos a conquistar, reivindicar y defender desde que surgimos en la historia y, en el cumplimiento leal de ese principio, en muchas ocasiones constatamos que no siempre el Poder Judicial y todos los que lo integran están al servicio de la Justicia como valor.

No servían al valor de la Justicia los integrantes del Poder Judicial que validaron el golpe de Estado del 16 de setiembre de 1955 y otorgaron reconocimiento y cobertura jurídica a los gobiernos militares y civiles que se sucedieron desde entonces hasta 1973, todos ellos igualmente ilegales e ilegítimos y tampoco rindieron honor a la Justicia como valor quienes, en diversos espacios del Poder Judicial, aprobaron o sirvieron a quienes derrocaron al gobierno, plenamente legal y legítimo, que presidía la compañera María Estela Martinez de Perón y validaron los actos de la última tiranía, entre ellos en encarcelamiento durante cinco años del compañero Menem por el sólo delito de haber gobernado su provincia merced al voto de su pueblo..

Esta justicia con minúscula, so capa de su independencia del poder político, lo que busca es seguir instalada como una corporación oligárquica aislada de la sociedad.

Como una muestra de ese comportamiento autista respecto del resto de la comunidad, esa justicia con minúscula viene resistiendo - hasta ahora con éxito - que se ponga en marcha el sistema de juicio por jurados establecido en la Constitución Nacional de 1853 y aún vigente en la letra, dado que esa institución implicaría que el pueblo llano tuviera algún acceso a cerrados estrados de los tribunales, tan parecidos a los clubes exclusivos de la oligarquía inglesa.

Lamentablemente, volvemos a comprobar la diferencia que existe entre la Justicia y la justicia en la persecución llevada a cabo contra el compañero Carlos Saúl Menem, al que se acusa como jefe de una "asociación ilícita" organizada para delinquir por haber ejercido la conducción de su gabinete de ministros actos y haber sabido asumir las decisiones políticas que eran propias del ejercicio de la Presidencia de la Nación, a la que accedió por la libre y mayoritaria decisión popular.

Hace 45 años, los fusilamientos gorilas del 9 de junio de 1956 creían que esas balas asesinas bastarían para eliminar la voluntad transformadora y democrática del peronismo. Hoy, 9 de junio de 2001, creen que esa voluntad transformadora y democrática del peronismo podrá ser doblegada por la conspiración mediático - judicial. Hoy como ayer sabremos enfrentarlos y derrotarlos.

Hoy la Argentina está detenida y el peronismo está preso y es contra esa realidad que vamos a pelear.

9 de junio, 2001
Víctor Lapegna