El lado de la sombra

Con el relevo de una decena larga de altos oficiales de la Fuerza  Aérea (la mayoría de ellos, héroes de Malvinas) el presidente Kichner  procuró tapar, a través de una decisión conmocionante, los molestos ruidos que surgen del escándalo de Ezeiza, bautizado "narKogate" por  la revista Noticias.
Sin duda alguna, la decapitación a la altura del torso a la que fue sometida la Aeronáutica militar produjo un impacto de indudable sonoridad. Pero un incendio no se apaga con otro y es imposible afirmar hoy que el pase a retiro de entre diez y quince brigadieres sea una respuesta adecuada a todos los interrogantes que emanan del contrabando de cocaína a través de la principal estación aérea de la  Argentina.
Lo primero que salta a la vista es que el gobierno recién resolvió actuar una semana atrás, cuando los hechos adquirieron notoriedad
pública a través de una nota del diario La Nación. Hasta ese momento –durante cinco meses a partir de ocurridos los hechos desencadenantes-  no hubo reacción alguna.
Recién cuando el delicado asunto tomó estado periodístico la administración Kirchner comenzó a desplegar un movimiento tan frenético como errático, que lo llevó a reivindicar un día la eficiencia de la Policía Aeronáutica Nacional y al día siguiente a decidir una insólita intervención que, en los hechos, entrañaba una  intervención a la Fuerza Aérea, cuyo Jefe de Estado Mayor quedaba sometido a un papel de irrelevancia. Su relevo (o, eventualmente, su voluntario paso al costado) podía darse por descontado a partir de esa  notoria desautorización: no queda claro, entonces, por qué el
Presidente demoró la designación de un reemplazante ni por qué somete a éste al hecho consumado de incorporarse al mando con una dependencia de su arma sometida a la singular intervención encabezada por un  funcionario civil.
Tampoco queda claro por qué el Presidente decidió provocar la extensa sangría de los mandos de la fuerza en medio de un escándalo vinculado al contrabando de estupefacientes, circunstancia que inevitablemente  proyecta sospechas sobre todos los que han quedado apartados de la carrera.
El despliegue de acciones de gran repercusión mediática no es raro en un gobierno que otorga una obsesiva importancia a los titulares de los diarios.
Con todo, lo que hay que explicar es el silencio de cinco meses, durante los cuales los mecanismos de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza permanecieron tan vulnerables como demostraron estarlo el 16 de septiembre de 2004 (y casi certeramente antes de esa fecha).
Aquel día fueron despachadas rumbo a Madrid cuatro valijas (dos Eminente y dos Samsonite), con 60 kilos de cocaína que no fueron  controladas ni siquiera frente al hecho de que no acompañaban a ningún pasajero del vuelo de la compañía Southern Winds, ni  siquiera a  partir del dato de que España es uno de los puertos principales del  tráfico de estupefacientes y un mercado codiciado por los narcos: ocupa el primer puesto europeo de consumo de cocaína y  el tercer
lugar en materia de marihuana y drogas sintététicas como el extasis. Sesenta kilos de cocaína puestos en ese mercado  equivalen a un millón y medio de euros.
Las maletas, que llevaban adheridas etiquetas con la leyenda "Embajada Argentina en España", no sólo no fueron controladas por la empresa  especializada contratada por la compañía aérea y aprobada por la Policía Aeronáutica. Tampoco actuó la sección Drogas de la Policía Aduanera, que en el último año sólo controló un vuelo de Southern Winds a Madrid.
El 17 de septiembre de 2004, nadie recogió las valijas en el carrousel del Aeropuerto de Barajas: las autoridades españolas sospechan que ya  entonces el dispositivo del contrabando había fallado pues seguramente estaba previsto que  fueran trasladadas desde el avión al exterior por  alguna vía irregular. La Guadia Civil decomisó el equipaje misterioso  y avisó a la Embajada Argentina. Parece obvio que ya entonces el Estado argentino tuvo noticias del  episodio. La Guardia Civil testimonia que un mes después "Argentina  nos pidió informes sobre el hecho y se los proporcionamos por mail".
No quedan dudas, pues,  de que, inclusive suponiendo que la Embajada en España no hubiera transmitido adecuadamente las novedades  el 17 de  septiembre, a mediados de octubre – hace 120 días- el gobierno tenía información fehaciente sobre el contrabando.
Por otra parte, el mismo mes en que "Argentina pidió informes", uno de  los titulares de la empresa Southern Winds (con la ayuda de la cual se produjo el  ilícito) presentó reservadamente una denuncia a la Justicia argentina. Por cierto, es difícil creer que un gobierno que gasta tanto en  servicios de inteligencia y que mantiene una mirada por demás atenta  sobre la Justicia, que controla la Aduana, que ha colocado un hombre  de confianza en la Embajada argentina en Madrid, no tuviera -como  mínimo hace cuatro meses- un cuadro preciso de la gravedad de los  hechos.
Si hubiera que suponer esa ignorancia, habría que llegar a la conclusión de que la purga administrada por el Presidente a la Fuerza Aérea es por lo menos unilateral: los responsables de esa ignorancia serían muchos más. Si, en cambio, todas esas instancias informaron adecuadamente, lo que  hay que explicar es por qué el gobierno no tomó medida alguna hasta  esta última semana.
Es en principio el Estado el que tiene la responsabilidad sobre la  seguridad de los aeropuertos, particularmente en materias tan  sensibles como el narcotráfico o el terrorismo.En este caso el Estado tiene responsabilidades agregadas, ya que  Southern Winds, la compañía involucrada en este episodio, no existiría  sin los subsidios que el Estado le otorga para cubrir la existencia de  la línea aérea estatal (LAFSA).

  Vientos del Sur
El 15 de agosto de 2003 la agencia de noticias INFOSIC daba cuenta de  que "el Gobierno nacional analizó con el titular de la compañía  Southern Winds (SW), Juan Maggio, la posible fusión de esa empresa con  la firma estatal Líneas Aéreas Federales (Lafsa)". La información  agregaba que la empresa pasaba una situación difícil, soportaba un fuerte déficit ligado a "la crisis que vive el sector aerocomercial luego de la devaluación con costos en dólares y pasajes en pesos."
Tres semanas más tarde, la revista especializada Fortuna consignaba que el acuerdo se había cerrado "en tiempo relámpago". En efecto, el 3  de septiembre, registran los cables informativos, "con la presencia  del presidente de la Nación, Néstor Kirchner; del Ministro de  Planificación, Julio de Vido; en la Casa de Gobierno, Juan Maggio,  presidente de SW, ha firmado un acuerdo de cooperación empresaria con  José Alberto Bidart, presidente de Líneas Aéreas Federales S.A. (Lafsa)". Por ese acuerdo, SW se asocia al Estado y recibe vía Lafsa (una compañía que carece de aviones) un subsidio millonario en  dólares. La vinculación con el Estado le reportó a Southern Winds otros  beneficios: consiguió apoyos aquí y en España para, en tiempo récord, duplicar sus frecuencias a Madrid. Como consigna Aero, un portal de Internet especialiado en tránsito aéreo, al hacer un balance del año 2004: SW "crece con la ayuda del gobierno".
La asociación con el gobierno también le sirvió a la compañía para seducir a nuevos financistas como el empresario Martín Varsavsky, un  argentino establecido en Madrid. Dedicado a la informática y a la  imagen, Varsavsky se ha hecho fama de filántropo sin que esta  actividad le impida reconocer los buenos negocios cuando se presentan. "Con el paraguas que da el gobierno argentino", le dijo a la revista  española Cinco Días, "por fin hay una oportunidad de negocios en las  rutas aéreas en mi país". Varsavasky aprovechó también la entrevista  para describir la política de Néstor Kirchner: "Es de corte
socialista, no peronista tradicional", aseveró.  ¿Tanto vínculo entre SW y la política aérea del gobierno puede haber  incidido en el largo silencio que cubrió durante cinco meses el  episodio de las cuatro valijas (y su probable ramificación en hechos anteriores?).
En diciembre de 2003  el brigadier Humberto Rozzi, que quiso  investigar los aviones de esa compañía, había sido castigado con el  relevo, recordó esta semana el diario La Nación.  La diputada radical Margarita Stolbizer se pregunta si el gobierno  "egañó al Congreso cuando en octubre último mandó al ministro de  Defensa Pampero, al secretario de Transportee (Ricardo Jaime) y al de  Turismo (Eduardo Meyer) a pedir que mantuviéramos el subsidio a SW  pese a saber que estaba involucrada en un caso de contrabando".  Walter Beltrame, el jefe de base de SW en Ezeiza, tras entregarse a la
Justicia, declaró al magistrado actuante, Carlos Liporace, que en este  asunto existen "otros intereses por sobre la empresa".
Muchos interrogantes, como se ve, que no quedan resueltos con la  movida presidencial sobre la Fuerza Aérea.
Resta saber, por ejemplo, porque la Justicia tardó tanto tiempo en  actuar. Por qué, por ejemplo, en diciembre fue liberado por "falta de  mérito" el jefe de base de SW en Madrid, Claudio Tamburrini,  responsable, entre otros asuntos, del manejo de personas y equipajes en el aeropuerto de Barajas. Al ser detenido se le secuestraron entre otros efectos personales su pasaporte,  tarjetas de funcionarios de la  embajada argentina en España, una agenda electrónica y un celular. El  juez subrogante –informó La Nación- "no sólo lo dejó en libertad, sino  que le devolvió todas las pertenencias, incluido el pasaporte. Se
sospecha que Tamburrini está ahora muy lejos de la Argentina". Hay  quienes piensan que se encuentra en Suecia, por la coincidencia de su nombre con el de un filósofo de origen argentino vinculado a la  Universidad de Gotemburgo que, irónicamente, escribe artículos  defendiendo el consumo de drogas inclusive en las actividades  deportivas.
En fin queda por averiguar si, así como salió por Ezeiza, la cocaína  de las cuatro maletas (y la que, como supone el juez Liporace, fue  traficada antes por la misma vía) también ingresó por Ezeiza. O, en cualquier caso, cuál fue la vía de ingreso. Y el lugar de producción. Porque evidentemente son muchas las puertas mal cuidadas, muchos los  intereses crapulosos que perforan la seguridad de las fronteras  argentinas. Y esos problemas no se resuelven con gestos de resonancia mediática,  sino poniendo luz del lado de la sombra.
 

Jorge Raventos