Domingo 03 de Abril de 2005

A continuación reproducimos la nota escrita por el periodista de Página 12 Julio Nudler,  que fuera difundida ampliamente por Internet. En ella se denuncia, de fuente insospechable, la corrupción que mancha al gobierno del presidente Nestor Kirchner, el que se ha caracterizado por intentar basar su prestigio político precisamente en la lucha contra la corrupción. También el papel que cumple el pasquín seudo progresista Página 12, al que no le ha temblado el pulso para echar y censurar trabajadores, y por cuyo sometimiento al actual gobierno se lo ha definido acertadamente como "El boletín oficial".

CENSURA A JULIO NUDLER EN PAGINA12

Amigos: hoy sábado no aparece en Página/12 mi Panorama Económico porque la nota fue levantada anoche por el director. Su texto denunciaba la designación de Claudio Moroni al frente de la Sindicatura General de la Nación como un acto de grave corrupción, y abundaba en datos sobre la siniestra trayectoria de Moroni, títere del no menos corrupto jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Personalmente (no en tanto periodista) apoyo diversos aspectos de la política de este gobierno, pero veo que su corrupción va en aumento (la designación de Martín Pérez Redrado y Miguel Pesce al frente del Banco Central ha sido otro hecho muy preocupante, además de las exacciones que cometen a diario los ministerios de Roberto Lavagna y Julio De Vido, con total impunidad). Mi punto de vista es que debe rechazarse de plano el "roban pero hacen". Aunque hagan, si roban deben ser investigados, juzgados y condenados, según el criterio de jueces independientes. En este contexto, no es casual que tanto Duhalde como Kirchner se hayan ocupado de inutilizar a los organismos de control, como ocurre con la Sigen y con la Auditoria General de la Nación. Pienso que la única manera de salvar a este gobierno y prevenir otra etapa desgraciada es impedir por todos los medios que siga hundiéndose en la corrupción, como ya es manifiesto. Los fraudes cometidos por Fernández/Moroni son alevosos, y ya puede imaginarse para qué se designa a un delincuente al frente de la Sigen, donde por otro lado permanece la mujer de De Vido, carente de toda idoneidad. La sensación de impunidad de los funcionarios no parece haber menguado. Creo que impedir la publicación de mi nota dista de ser un gesto de apoyo a las políticas valiosas de este gobierno, sino un acto de irresponsable complicidad con los factores que, tarde o temprano, determinarán su hundimiento. Personalmente no haré sin embargo campaña alguna de denuncia contra Página/12 por este episodio -el más extremo aunque no el primero en esta deplorable tendencia- ni daré ninguna entrevista a nadie para hablar de este asunto. Así como no quiero perjudicar a este gobierno sino evitar, con mi modesto aporte, que se suicide, tampoco quiero afectar al diario, que también se está suicidando. Sé que en otros diarios gozaría de mucha menos libertad. Pero rechazo de plano la censura también en éste. No le adjudico al director ni a nadie el derecho a censurar mis notas, aunque él lo haga cada tanto y yo no pueda evitarlo, y no pienso negociar nada al respecto. Me niego a convenir regla de juego alguna. La única es el ejercicio responsable de una plena libertad de expresión. Sí creo, por el contrario, que es mi deber, y el de todo periodista honesto, denunciar sin rodeos los crecientes actos de corrupción del gobierno de Néstor Kirchner. Aspiramos a una democracia republicana, en la que los servidores públicos rinden cuenta de sus actos.

Julio Nudler

La columna de Julio Nudler que censuró Página 12

Panorama Económico: De títeres y titiriteros
                                                               Por Julio Nudler

Para la congoja causada por la reciente muerte del salteño Roberto Guzmán hay ahora un triste consuelo: al menos no alcanzó a enterarse del nombramiento de Claudio Moroni al frente de la Sindicatura General de la Nación, un hecho quizá más escandaloso aun que la designación de Martín Pérez Redrado al frente del Banco Central y de Miguel Pesce en la vicepresidencia. Guzmán, autor del memorable libro "Saqueo asegurado", fue entre 1994 y 1996 liquidador del Instituto Nacional de Reaseguros, enfrentándose desde ese cargo con uno de los sectores más corruptos de la Argentina: el del seguro. Pero Guzmán -nombrado por Domingo Cavallo, que gradualmente pasó a arrepentirse de haber elegido a una persona tan decente e insobornable- no debió lidiar sólo contra los aseguradores privados, que pretendían tener acreencias contra el iNdER por unos 2000 millones de pesos/dólares, sino también contra el tándem que conducía la Superintendencia de Seguros de la Nación: Alberto Fernández y su incondicional y apolítico Moroni. Ellos presionaban para que el IndER "reconociera" una deuda de casi 1200 millones con el sector, cuando Guzmán (que denominaba a ese delirio "un cut off a la criolla") demostró fehacientemente que el pasivo a lo sumo llegaba a 500 millones. Frustró así uno de los mayores robos contra el Estado. Persona bien educada al fin, cuando debió dejar su cargo en diciembre de 1995, el actual Jefe de Gabinete del presidente Kirchner se cruzó hasta el Instituto a presentar sus saludos, declarando en ese momento que, luego de haber conducido la SSN desde la asunción de Carlos Menem, pensaba dedicarse a la política.

En ese cometido lo ayudó Alberto Iribarne, patrón del Justicialismo porteño. En 1999 Fernández, gracias a su estrecha vinculación con las aseguradoras, la mitad de las cuales pertenecían a bancos, pudo ocuparse de la financiación de la campaña del hincha del Taladro. Iribarne fue, precisamente, quien cumplió, desde la llegada de Eduardo Duhalde a la Presidencia, la encomendada tarea de inutilizar la Sigen, peculiar misión en la que luego le sería de gran provecho la designación como Síndica General Adjunta de Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido y persona que, según opinión generalizada en el organismo de contralor, ni siquiera conoce lo mínimo como para serle útil a su marido el ministro. Pocas semanas atrás, Página/12 constató que en la página de Internet de la Sindicatura el currículum de la señora seguía "en preparación", luego de meses y meses. ¿Pero es que ni siquiera había presentado su CV para ser designada?

Tras la nota de este diario, alguien se apresuró a subir al sitio los magros antecedentes de la dama. Aunque estos despropósitos, absolutamente impropios de una república, en la que se supone que los servidores públicos deben rendir cuentas, provoquen melancólicas sonrisas, en realidad involucran hechos gravísimos. El bochornoso caso de la cónyuge de De Vido no es la excepción. A ella le asignaron como responsabilidad de síndica el Pami. La consecuencia de su intervención, junto con la escasa solvencia técnica de Graciela Ocaña -porque en estas cuestiones la honestidad es condición necesaria pero no suficiente-, han conducido a que debiera anularse la licitación para la compra de medicamentos para los jubilados. Los experimentados técnicos de la Sigen, hoy completamente desmoralizados al ver que todo sigue igual o peor, les advirtieron, ya ocho meses atrás, que la licitación er a un método absolutamente inapropiado para esa finalidad, pero las señoras no les hicieron caso.

Los resultados están a la vista.

La cuestión es obvia: fuera del conjunto de la industria, representada por las cámaras que la agrupan, no existe quien pueda garantizar la provisión en un día, en cualquier rincón de la Argentina, de un medicamento a determinar, que a un médico se le ocurra prescribirle de pronto a un anciano, el Enalapril para la presión, por ejemplo, y que difícilmente el afiliado acepte ver sustituido por otra marca.

Consiguientemente, en medicamentos de uso general se presentó una sola oferta: la del conjunto de las cámaras. En oncológicos ocurrió lo propio, aunque con una segunda oferta de la droguería San Javier, pero que no garantizada el abastecimiento en 24 horas. Por tanto, la licitación se cayó, perdiéndose así la oportunidad de conseguir que los afiliados paguen menos por sus medicinas, ya que ellos abonan en promedio el 50 por ciento. En una palabra: la irresponsable designación de Minnicelli, inepta para el cargo, terminan pagándola los jubilados.

¿El presidente Kirchner seguirá ignorando el clamor por su destitución y la necesidad de elegir a los funcionarios por su solvencia y no por razones espurias? Los hechos protagonizados por Moroni en la SSN en sus dos gestiones como titular (la inicial sucediendo a Fernández, antes de ser a su vez desplazado en febrero de 1998 por Daniel Di Nucci, hombre del Grupo Juncal, perteneciente a la Banca

Nazionale del Lavoro, con rol protagónico del sindicalista combativo Armando Cavalieri; la segunda, por obra y gracia de Duhalde, con obvia influencia entre bambalinas de Fernández) son de una gravedad poco usual. El diseñó, por ejemplo, un sistema que desamparó totalmente a los pasajeros de medios de transporte. Es, por citar sólo un caso, el fraude que sufrieron los deudos de los nueve estudiantes muertos el 27 de diciembre de 1996 cuando el micro en que viajaban a Bariloche chocó con un camión en el partido de Laprida. Hubo también muchos heridos, algunos graves, que tampoco vieron un peso. Ello pese a que El Rápido Argentino tenía contratado el seguro de rigor con La Uruguaya Argentina, LUA. Pero falta un detalle: mientras Moroni no tuvo cargo en la SSN, entre febrero de 1998 y marzo de 2002, fue sucesivamente asesor y directivo ¡de LUA, precisamente!

Esa compañía, que en realidad eran dos y ninguna, como corresponde a la engañosa arquitectura de un timo, fue utilizada por los hermanos Mario y Sergio Cirigliano, que a comienzos de los '90 sólo eran dueños de las líneas 61 y 62, para construir su imperio, abarcando en él Metrovías, TBA, Transporte Automotor Plaza, las líneas 36, 141 y 64, además, entre otras tenencias, del subte de Río de Janeiro. Moroni y Armando Canosa, ex secretario de Transporte, operaron desde el Estado para el progreso empresario de los Cirigliano.

¿Se mencionó antes a Daniel Di Nucci? Pues bien: su hermano Luis fue director comercial de LUA Seguros La Porteña. En verdad, a La Uruguaya Argentina la habían fundido, pero utilizaban la sigla LUA para confundir, haciendo creer que era la misma. Cuando el superintendente Juan Pablo Chevallier-Boutell decidió prohibir que LUA La Porteña siguiera emitiendo pólizas a pesar de su insolvencia, Duhalde (es decir, Fernández) lo echó para poner en su lugar a Moroni, que obviamente no halló nada malo en que se continuara estafando a los asegurados. Moroni fue quien convirtió al seguro obligatorio en un arma letal contra los transportistas chicos. A fines de 1997 implantó un régimen por el cual las pólizas que estaban forzados a contratar tendrían una franquicia de 40.000 pesos/dólares. En la práctica, esto implicaba que los colectiveros debían afrontar la gran mayoría de los siniestros , a pesar de estar asegurados. Incapaces de soportar el pago de las indemnizaciones, recibían préstamos de un sistema de mutuales armado por Moroni. Por ese medio les generaban deudas impagables, que desembocaban en su expropiación.

Fernández se encargó en su larga gestión al frente de la SSN de amparar el ocultamiento que muchas compañías hacían en sus balances de los juicios que tenían entablados en su contra por siniestros, ello para no tener que constituir las reservas de rigor. Protagonistas extremas de estas maniobras fueron las cooperativas Belgrano y Bernardino Rivadavia, que acaparaban el 70 por ciento de los seguros del transporte público de pasajeros. El hundimiento de la primera dejó colgados del pincel 20 mil juicios y otras tantas víctimas. Como los transportistas -que se creían asegurados- debieron hacer frente a las indemnizaciones, no pocos prefirieron quebrar. Pero los recursos de Moroni eran inagotables: en marzo de 1997 hizo que Menem, con algún argumento poderoso, firmase un inconcebible DNyU suspendiendo por 36 meses todas las ejecuciones de sentencias contra transportistas y asegurad oras, independientemente de su situación patrimonial. La mayoría automática de la Corte Suprema garantizaba estas aberraciones.

Ahora Moroni es el hombre que Kirchner y Fernández presentan a la sociedad como garantía de que la lucha contra la corrupción en el Gobierno es una alta prioridad. ¿Qué suponen acerca de la inteligencia de los argentinos? ¿Creen que este pueblo sigue aceptando el "roban pero hacen"? No: aunque hagan, si roban deben ir presos, hoy, mañana, cuando se los pueda condenar. ¿El títere controlará al titiritero? La Argentina sigue siendo un cambalache.