 |
Lunes 27 de Octubre de 2008 |
|
|
Otra de piratas
|
 |
|
|
Todos los
piratas tienen Joan Manuel Serrat, Una de Piratas
Una de las obsesiones del matrimonio K consiste en ofrecer argumentos piadosos y humanitarios para justificar sus exacciones. En las narraciones clásicas los autores de tropelías se preocupaban poco por el juicio ajeno: los piratas no pretendían ganar fama de justicieros, se contentaban con el botín y los cañonazos. Los K, setentistas nostálgicos, necesitan exhibirse con disfraz de Robin Hood: relatan sus intentos de confiscación como batallas homéricas contra distintas ligas de malvados poderosos, destinadas invariablemente a preservar alguna causa buena. Para explicar el gran golpe frustrado de las retenciones móviles pintaron al vasto océano de productores agrarios del país como un pantano oligárquico y negaron, por supuesto, que el manotazo suplementario que intentaban asestarles tuviera que ver con las dificultades que el propio gobierno se había procurado para financiarse (o con lubricados proyectos como el del tren bala): los fondos de la expropiación se destinarían a construir escuelas y hospitales (desalmado aquel que quisiera preguntar por qué no canalizan hacia esos nobles fines la inmensa recaudación impositiva que perciben normalmente y coparticipan mezquinamente). Algo parecido ocurre ahora con el precipitado proyecto previsional que esta semana promovió el gobierno de la señora de Kirchner. Se trata de una ratificación del modelo centralismo de confiscación parasitaria ya aplicado en el campo: la expropiación de los aportes de 9 millones de trabajadores argentinos que desde hace 14 años ahorran para su futura jubilación en el sistema previsional de capitalización. Pese a que presiones gubernamentales condujeron a las empresas que administran esos fondos a invertir la mayor parte de ellos en el vidrioso negocio de financiar al Estado, lo cierto es que allí se han acumulado unos 100.000 millones de pesos y cada año se incorporan unos 13.000 millones más, producto de los aportes mensuales de esos mismos trabajadores. Semejante caja ha sido siempre una verdadera tentación para los Kirchner. Intentaron meter mano en ella apelando a la complicidad de las víctimas: desde principios del año 2007 promovieron con una intensísima campaña de propaganda el traspaso voluntario de aportantes del sistema de capitalización al régimen de reparto, ese barril sin fondo que sólo controlan funcionarios fieles del Ejecutivo. Mientras en el sistema de capitalización los manotazos a la caja tienen el dique de control de los aportantes, que son propietarios individuales de sus fondos y tienen derechos preservados por la Constitución, nada detiene al gobierno –las experiencias están a la vista- si quiere financiarse echando mano a los fondos de jubilaciones que administra el ANSES, una oficina pública con autoridades rigurosamente sometidas a la disciplina K. El gobierno quedó disconforme con el resultado de su campaña de traspasos. Esperaba quedarse con el dinero de al menos la mitad de los afiliados a los fondos de capitalización y sólo cosechó un 20 por ciento. Fue un buen refuerzo para las cifras del ANSES, pero apenas una propina para las expectativas de la familia K; en rigor una derrota, ya que esa ofensiva por el traspaso resultó un verdadero plebiscito: el régimen de capitalización ganó 80 a 20; más de 9 millones de personas que cuentan con fondos en ese régimen –incluyendo más de 3 millones y medio que aportan regularmente- eligieron permanecer en él. Es una fuerte expresión social, sin duda. A mero título comparativo, la señora de Kirchner obtuvo menos que eso en los comicios de hace un año: 8.650.990 votos. Con la propuesta de liquidar el régimen de capitalización y expropiar los fondos el gobierno convierte en jarabe de pico las promesas de "libertad de opción" con que concurrieron a aquel plebiscito. Argentina enfrenta en el 2009 vencimientos de deuda por 20.200 millones de dólares y no tiene cómo financiarlos: las cifras de riesgo-país (que tocaron los 2000 puntos esta semana) indican que tiene cerrado el crédito; para colmo, la caída del precio de los commodities no sólo reduce los ingresos fiscales esperados, también achica el margen de maniobra del carísimo palenque crediticio al que habitualmente apelan los Kirchner: el comandante Chávez. A él también lo golpea la crisis, bajo la forma de una fuerte reducción del precio del petróleo. En esas condiciones, quizás se explique el íntimo (cándido) goce de la señora de Kirchner cuando describía la crisis global y, sobre todo, esa frase que reiteró en varios discursos: "La crisis es una oportunidad". Es un lugar común, ciertamente, pero en este caso tenía, como se ha visto, sentido específico: el matrimonio K vio una oportunidad… de quedarse con los fondos jubilatorios de capitalización. Con todos ellos. Con el stock acumulado y con el flujo mensual. Para ello tomaron como gran coartada las medidas de salvataje que las democracias capitalistas adoptaron ante la crisis financiera, tomando el control de bancos y grandes aseguradoras. Magnífico: la expropiación de las jubilaciones de capitalización tomaría la forma de un salvataje. ¿Quién puede negarse a algo tan pío como un salvataje? Significativa diferencia: los salvatajes que están acometiéndose en Estados Unidos e Inglaterra implican que los estados ponen fondos para preservar los intereses de las instituciones en riesgo y, sobre todo, para cuidar los intereses de los depositantes (por caso, los de los deudores hipotecarios). En cambio, aquí el "salvataje" se comete contra los trabajadores aportantes: el Estado no pone, saca. Les saca la propiedad a los trabajadores. Golpea, además, a instituciones (las AFJP) cuyos criterios de administración pueden y deben ser muy criticados (y debieron ser controlados por instituciones estatales previstas en el régimen), pero que no estaban en crisis ni solicitaban salvataje alguno. No importa: el relato del gobierno se basa en la idea de salvataje, que sirve para dibujar la misión K como una misión bondadosa. Hace falta mostrar quién es el "malo" del que hay que salvar a los futuros jubilados. En realidad, in pectore el pensamiento oficialista sostiene que hay que salvarlos de ellos mismos, de su "individualismo" y "falta de solidaridad", que los llevan a encapricharse en aportar para sus propios fondos jubilatorios en lugar de entregárselos al gobierno, que a través del ANSES sabría mucho mejor que cada uno de ellos cómo gastar esos aportes. Pero así no relata el gobierno: el malo de la película son "las AFJP", el "régimen privado" que se impuso "en los años 90", la "obra de Menem y Cavallo". Ese relato es puro humo destinado a nublar la visión, campanilla pavloviana para despertar el reflejo condicionado anti-noventa, de modo de quedarse con las carteras en el tumulto. Primero: los aportes que se expropiarían si el proyecto fuera aprobado en el Congreso, no son propiedad de las AFJP. La ley que estableció el sistema de capitalización lo expresó sin dejar espacio para la duda: "el fondo de jubilaciones y pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la administradora, y pertenece a los afiliados. La administradora no tiene derecho de propiedad alguno sobre él". Segundo: no es cierto que el régimen de capitalización pueda definirse con precisión como "privado" por oposición a otro "estatal", que sería el de reparto. De hecho, en el régimen de capiutalización ha jugado un papel muy significativo la AFJP Nación, del estado nacional (además de otra controlada por el estado bonaerense). De hecho, nada impediría (si los procedimientos que se adoptan son respetuosos de la Constitución) que exista un régimen de capitalización exclusivamente administrado por el Estado, a través de Nación AFJP. Sucede que aún en ese caso los aportantes seguirían siendo los propietarios legales de sus propios fondos particulares y podrían ejercer control sobre los administradores, algo que no puede hacerse en la oscuridad de ANSES, donde todos los gatos son pardos, no hay fondos específicos de cada aportante, las retribuciones de los jubilados y el destino de los gastos están determinados por criterios que algunos llaman políticos y otros, facciosos. Aquella confusa polarización entre "privado" y "estatal" la emplea el gobierno para atraerse la simpatía (y los votos en las Cámaras) de diputados y senadores que temen verse retratados como privatistas, amigos de los años noventa o pro-AFJP y para ofrecer una coartada al proyecto, que supone una expropiación inconstitucional a 9 millones de personas. No es "lo estatal" lo que inspira al gobierno, sino el manejo sin obstáculos de la caja, por eso quiere "estatal de reparto" y ni habla de la hipótesis "estatal de capitalización". Tercero: Es tan monumental la operación (y tan grande el botín, y tan desesperante la situación de la caja K), que el gobierno sospecha que el humo que lanza para nublarla no durará mucho. Por eso quiere que todo se apruebe rapidito. En dos o tres semanas, a lo sumo cuatro. Así, en un santiamén se liquidaría un régimen de capitalización cuya sanción demandó no menos de dos años de debate en la sociedad y cerca de nueve meses de trámite parlamentario. El apuro es una mala señal, porque si ha llegado la hora de replantearse la realidad previsional, conviene hacerlo con paciencia y mirando más allá de este arrebato oficialista. Convendría analizar, por ejemplo, si no debe establecerse una "jubilación de ciudadanía", un ingreso mínimo para todos quienes hubieran llegado a determinado edad, independientemente de sus años de aporte. Y, por encima de esa prestación universal por edad, si no habría que reconocer proporcionalmente los aportes (por breves que hayan sido) de todos aquellos trabajadores integrados al sistema previsional aunque, al llegar a la edad jubilatoria, no alcancen a cumplir los años hoy exigidos para obtener el beneficio. Un tema como el previsional no puede ser aprobado a los panzazos entre gallos y medianoche. Necesita un debate amplio y participativo. La forma sorpresiva con que se dispuso la iniciativa K (aparte del matrimonio, sólo un par de funcionarios conocieron el proyecto antes del anuncio; Martín Redrado, el presidente del Banco Central, se enteró por Página 12), generó en la realidad respuestas prácticas antes de las respuestas programáticas. Los bancos registraron rápidamente fuga de depósitos, el dólar trepó (pese a una sangría de 1.300 millones en las reservas, con las que el Central quiso moderar el ascenso), el riesgo país se incrementó, el mundo describió a la Argentina como expropiador o defaulteador serial, la bolsa se derrumbó (pese a que el gobierno operó comprando papeles para que la caída no fuera tan vertiginosa). Hasta – "efecto tango"- se cayó la bolsa española, con castigo particular para las empresas más expuestas en Argentina. Sucede que entre los activos del sistema de capitalización que el gobierno se propone expropiar hay paquetes accionarios de muchas firmas. Por ahora esos papeles están repartidos entre distintas administradoras, si el plan oficial se concreta, todas esas acciones se concentrarán en manos de ANSES-Estado, que pasaría así a convertirse en importante accionista de bancos, empresas eléctricas y telefónicas y hasta de medios de comunicación (casi un 9 por ciento del grupo Clarín quedaría en manos del gobierno). Si muchos funcionarios festejan ya potenciales nuevos destinos en los directorios de esas compañías, ese sueño de algunos se transforma para las empresas y los inversores en una pesadilla (algunos, masoquistas o delirantes, hasta se imaginan a Luis D'Elía designado en el Banco Hipotecario o a Guillermo Moreno en el directorio de Molinos). Muchos observadores se preguntan qué vendrá después de la expropiación de los aportes jubilatorios: ¿llegarán a los plazos fijos si necesitan fondos? ¿A las cajas de seguridad? La temeraria audacia del gobierno incentiva la imaginación. Las acciones caen. El matrimonio Kirchner, que se mostraba exultante el martes, apenas mostró el naipe de su propuesta, empezó a preocuparse al registrar las primeras consecuencias, que evidentemente no había imaginado ni previsto. Se esforzó entonces por buscar apoyos o complicidades. Dejó trascender la idea de que parte de los fondos jubilatorios que serían incautados podrían alimentar un "banco de crédito industrial": un lance para seducir a la UIA, que también reclama un dólar alto y una rápida muralla para defenderse de los productos chinos y brasileros. A la conducción de la CGT la tentó con la participación gremial en la administración de los fondos previsionales; una garantía para los futuros jubilados: es bien conocida la experiencia sindical en la administración de las obras sociales. Para atraerse inclusive la adhesión de algunos sectores permeables de la oposición, permitió a algunos de sus lenguaraces difundir la idea de que, "a quienes aprobaran el proyecto en general" y sólo a esos, les admitirían correcciones particulares a la propuesta, inclusive "la intangibilidad de los recursos previsionales". ¿Qué confianza podría despertar semejante "intangibilidad" si para introducirla hay que admitir primero un saqueo y un atropello inconstitucional? ¿Qué confianza puede ofrecer un gobierno que reclama todavía superpoderes y se ha cansado de transgredir con ellos las disposiciones de la ley de leyes, el presupuesto? Escudarse tras la palabra intangibilidad sería, en tales condiciones, una broma de mal gusto, una excusa cínica para lavar la conciencia de algún opositor arrepentido. Pese a esos movimientos ofensivos y defensivos del gobierno, la principal oposición (la oposición de la realidad) se sigue manifestando con la elocuencia de los hechos; y el andamiento parlamentario del proyecto está por verse: los sectores no oficialistas parecen comprender que, por encima de sus comprensibles diferencias, esta vez hay en juego una situación de verdadera emergencia que involucra la suerte de millones de trabajadores tanto como la vigencia de la propiedad personal, valor fundamental de la Constitución. Y en seno del mismo oficialismo se registran dudas sobre el contenido del proyecto y sospechas por la premura que se les exige para acatarlo. El gobierno ya no puede mostrar ni ante propios ni ante ajenos la solidez que en otros tiempos despertaba miedo, disciplina o resignación. La opinión pública lo ha abandonado. Después de la dura derrota sufrida ante el campo el futuro del kirchnerismo quedó tronchado. Esta semana, el decisivo veto del gobierno y la oposición uruguaya a la candidatura de Néstor Kirchner a la presidencia de UNASUR representó un signo inéquivoco de fin de época. Es posible que el manotazo a las jubilaciones se convierta en el último gran abordaje de los Kirchner; que después sólo les quede caminar por la planchada.
Jorge Raventos
|
| Página Principal |
© Copyright 2000 La Patria Grande - Todos los derechos reservados |
|