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Convengamos que el discurso presidencial no fue un abierto llamado al diálogo.
La Presidenta formuló -lo que no es poco en su boca- algunas alusiones elípticas
a la necesidad de una negociación con el agro. Mientras lo hacía, en las
inmediaciones del escenario los muchachos de la UOCRA y los camioneros dirimían
sus diferencias haciendo caso omiso de la palabra presidencial: omitían la mesa
de negociaciones y se inclinaban más bien por el áspero lenguaje del garrote.
De todos modos, y teniendo en cuenta la secuencia del paro agrario, la palabra
presidencial, sus omisiones y el silencio de Néstor Kirchner, eran señales, si
bien no indubitables, asaz importantes en dirección hacia el restablecimiento de
una instancia de negociación. Casi toda la prensa del país valoró el gesto
presidencial e incluso los propios dirigentes agrarios, sobre caliente,
ponderaron el discurso presidencial y lo calificaron como conciliador.
Pero no pasó nada. El paro continuó. Los ruralistas, especialmente los
vinculados a la Federación Agraria, decidieron no tomar en cuenta la palabra
presidencial y redoblaron la apuesta: piden audiencia pero no levantan el paro.
De este modo llevan el conflicto a una situación compleja pues, en estas
condiciones, al Ejecutivo le resulta inadmisible negociar. Los primeros párrafos
de cualquier manual sobre poder desaconsejan negociar bajo la presión de una
huelga.
Cierto es también que los hombres del campo tienen buenos motivos para
justificar su dureza. Durante los 35 días que duró el paro anterior, pareció
evidente que el gobierno -quizá subestimando el adversario y el conflicto-
dilató las definiciones, postergó cualquier anuncio y omitió implementar incluso
aquellas resoluciones que había anunciado. En este sentido, entonces, el
gobierno está recogiendo lo que ha sembrado. La desconfianza de los ruralistas
tiene sólidas bases de sustentación en la estrategia de desgaste llevada a cabo
por el gobierno nacional.
La gente de campo, además, tiene sólidas razones para envalentonarse: con el
paso de los días ellos han recogido adhesiones de parte de intendentes de todo
el país, de legisladores provinciales y nacionales, incluso de gobernadores
importantes. Esto les hace pensar que cuentan con la fuerza suficiente como para
torcer el brazo presidencial y obligar a la derogación de las retenciones
móviles, previo al regreso a la negociación.
Y esto es un error.
Como están las cosas en este momento, da la sensación de que el gremialismo
rural no controla a sus bases y se limita a sumarse pasiva y oportunistamente al
clima de las rutas que está, como se sabe, especial y quizá justificadamente
excitada y enojada por los avatares de la negociación. Adherir al pensamiento de
“las bases” dista de ser un mérito en la conducción del gremialismo empresario.
La dispersión geográfica, los microclimas a la vera de la ruta, el primitivismo
político (e incluso gremial) de los hombres de campo, dificultan el diseño de
una estrategia que necesariamente ha de ser flexible y sinuosa -como lo es la
política- a fines de ir incorporando y respondiendo a los humores cambiantes de
los protagonistas y de la propia sociedad, a la que en ningún momento debe
perderse de vista.
La dureza de la protesta agraria en momentos en que -si bien no con la claridad
necesaria- el gobierno plantea el diálogo, conlleva el riesgo de hacer posar a
la intolerancia y la intransigencia en el campo rural. Tiene también el riesgo
del desgranamiento de los numerosos aliados que a lo largo de estos meses el
campo ha cosechado y que quizá no estén dispuestos a continuar acompañándolo si,
envalentonado, endurece extremamente su posición. Incluso puede aparecer como un
desaire a los aliados más importantes, como el gobernador de Córdoba y otros,
cuya investidura y grado de exposición les vedan exhibir solidaridades que se
tornan insostenibles si el depositario del apoyo gira hacia posiciones
irrazonables y extremas.
Es sabido que el poder marea. Es sabido también que genera entornos de
homogeneidad y asentimiento que perjudican una visión completa de los problemas.
Esta observación, que habitualmente se destina al gobierno nacional, también es
válida en todos sus términos para los dirigentes agrarios. Una pérdida de la
perspectiva resulta fatal y puede disolver en días el poder político acumulado
en meses.
La “deangelización” de la estrategia no favorece al agro. Puede ser que el puño
cerrado y la voz altisonante sean necesarios en alguna instancia del conflicto,
pero la rigidez en la táctica de negociación puede conducir al fracaso. En
política es importante identificar el momento de sentarse a negociar.
Parafraseando a Clausewitz, podría decirse que la negociación es la continuación
del reclamo por otros medios.
Los gremialistas agrarios cometen un error si se enamoran de los cortes de ruta.
Si esa medida ha sido una gran fuente de poder en la protesta hasta este
momento, pueden transformarse también en su mayor debilidad, si el viento desvía
levemente su rumbo.
El conflicto entre el gobierno y el agro ha entrado en un terreno incierto y
difícil. La negociación es lo único que puede sacarlo del atolladero. Pero, por
ahora, no parece que sea esa la instancia elegida para dirimirlo.
Gonzalo Neidal
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