Lenta, pero inexorablemente, el agotamiento del ingenuo “modelo productivo” implantado desde el golpe del 2001 va dejando al desnudo las consecuencias –y los beneficiarios- de la conmoción que terminó con el gobierno constitucional de la Alianza e impuso el retroceso impulsado por pacto corporativo bonaerense.
Las fotos históricas pueden ser útiles. En el 2001, la recesión de la economía originada por la conjunción de todas las variables internacionales más negativas para el país (suba de la tasa de interés, caída del precio internacional del petróleo, caída de los precios internacionales agropecuarios, depreciación del Euro con respecto al dólar en un 40 % con respecto a su actual valor) llenó a la Argentina de angustia.
La decisión del presidente de la Rúa de cumplir con sus compromisos de no devaluar la moneda y de honrar la deuda pública argentina no fue soportada por una comunidad política que en lugar de apretar filas para sortear la extremadamente crítica situación nacional, aprovechó el momento para generar la mayor concentración de ingresos de la historia y, de paso, incrementar su utilización del aparato estatal para fines clientelísticos que poco tienen que ver con las necesidades ciudadanas. Sin negar la “carencia de liderazgo presidencial” de entonces, citada a menudo como una de las causas de la crisis, es inexcusable el comportamiento por lo menos ingenuo y en la mayoría de los casos diabólico de la coalición golpista del 2001/2002.
Pasemos revista. En diciembre del 2001 la Argentina tenía un PBI de 285.000 millones de dólares, una deuda de 140.000 millones de dólares (48 % del PBI), una desocupación del 18 % y un 27 % de la población bajo la línea de pobreza; el sueldo promedio de la economía, por su parte, era de 700 dólares y la tasa de inversión se encontraba en el 25 % de ese PBI (o sea, más de 70.000 millones de dólares al año). La balanza comercial era equilibrada pero el fuerte desequilibrio del balance de pagos reflejaba la enorme incertidumbre que el escenario internacional le provocaba al país.
Frente a este escenario, la propuesta oficial del gobierno fue entonces concentrar todas las fuerzas del país en respaldo de una renegociación voluntaria exitosa del tramo externo de la deuda para febrero del 2002, con el propósito de reducir en un 40% el peso de los intereses –como lo había logrado en el segmento interno- y luego de ese canje, que derivaría en la sustancial caída del “riesgo país” marchar a una paulatina flexibilización cambiaria controlada. Fue el modelo que siguió luego el Uruguay, con el éxito que todos conocemos. Aún se recuerda la actitud del Frente Amplio, que en el momento más difícil de la crisis informó a los uruguayos por boca de su Jefe (el hoy Presidente Vázquez) que esa formación política, fuertemente crítica del Gobierno, había decidido sin embargo silenciar su voz para que el Presidente de la República, Jorge Batlle, sintiera el respaldo de todo el Uruguay en su renegociación con el FMI y los acreedores. Podríamos imaginar lo que sería hoy la Argentina si hubiera tomado ese camino sorteando su problema de deuda y aprovechando el fuerte impulso favorable que desde entonces le dio la situación internacional, sin haber caído en crisis: claramente, estaría liderando la modernización y el crecimiento en la región.
Lejos de eso, lo que ocurrió en la Argentina fue la confluencia de la oposición justicialista con importantes dirigentes bonaerenses del propio partido de Gobierno (UCR), con el propósito de interrumpir el gobierno constitucional, retomando la decadencia de décadas. El Presidente, sin base política, sin capacidad de liderazgo y jaqueado por la nueva alianza golpista, renunció.
Las medidas de la nueva gestión implicaron una grotesca transferencia de ingresos hacia los grandes conglomerados del empresariado más parasitario y hacia el “establishment” político más tradicional. ¿Desde dónde? Pues desde cuatro grandes fuentes:
   1. Los ahorristas. Es decir, los argentinos con hábitos austeros, previsores, que habían guardado sus pequeños o grandes capitales fruto de su esfuerzo y su trabajo en cuentas bancarias o ahorros previsionales para prevenir su futuro, para alguna inversión fija como su vivienda, o simplemente, para acrecentar su capital.
   2. Los asalariados, trabajadores del sector público y sector pasivo. Fueron los grandes perdedores. Sus sueldos se pulverizaron en el caso de los sectores más bajos. En los casos de los asalariados de los niveles más elevados cuyos consumos incluían bienes de origen internacional, su poder de compra se redujo en más del 50 %.
   3. Las empresas extranjeras que habían invertido en la modernización del sector público. Las que habían concurrido a la convocatoria del país cuando la palabra “Argentina” era mala palabra en el mundo luego de las hiperinflaciones de 1989 y 1990, y que generaron el gran salto modernizador en las telecomunicaciones, la energía eléctrica, el petróleo y la petroquímica, la infraestructura, el agua potable, vieron burlados sus contratos con el argumento de la crisis y sometidas a la demonización y el escarnio.
   4. Los acreedores del sector público. La deuda del Estado fue unilateralmente licuada en un 65%, reconociéndose alrededor del 35% de la acreencia, produciendo un daño de largo plazo en el ranking crediticio y el prestigio internacional de la Argentina.

Ello pudo hacerse con un diseño de acumulación política asentado en la canalización de la frustración hacia el renacimiento de viejos odios aún no extinguidos cuya superación había sido tarea persistente de los sucesivos gobiernos democráticos durante dos décadas; un mensaje nacionalista-autoritario cercano al viejo peronismo tradicional; un cambio amañado de la Corte Suprema de Justicia –posibilitado por el extremo desprestigio de la anterior- que legitimaría las aberraciones jurídicas del nuevo escenario político; la demonización de los gobiernos anteriores de Menem y de la Rúa (uno de los cuales, el de Carlos Menem, había sido sostenido por el propio nuevo presidente durante su gestión como Gobernador de Santa Cruz); la manipulación escandalosa de las normas electorales (que continúa) según la conveniencia de la alianza golpista; el estricto control de la opinión pública a través de un manejo corrupto de la relación con el periodismo agravado por la persecución implacable de cualquier voz opositora; la imposición de una mediocridad obscena en el debate político y periodístico y el desmantelamiento y fragmentación de la oposición producido luego de la participación del los importantes dirigentes del radicalismo bonaerense en la ofensiva golpista contra el gobierno de la Alianza. 

¿Cuál es la fotografía a casi cuatro años del golpe?

 El Producto Bruto Interno cayó a 135.000 millones de dólares (un 50 % inferior). La deuda pública del país, a pesar de su tan mentada “licuación”, y sumando todos sus componentes (deuda histórica licuada, deuda emitida luego del default y deuda antigua que no aceptó las condiciones del default) se mantiene en los mismos niveles nominales que antes de la caída, pero ahora con el incremento de las demandas de las empresas ante el CIADI, que suman alrededor de 20.000 millones más. La relación “Deuda pública-PBI”, que en el 2001 era del 48, pasó al 120 %.
   La población bajo la línea de pobreza, que en el 2001 era del 27 %, supera el 50 % (casi el doble).
   El salario medio de la economía es en el 2005 de 690 pesos, equivalentes a 250 dólares (poco más de un tercio que en el 2001).
   La tasa de inversión no llega al 20 % del nuevo PBI, y equivale a 27.000 millones de dólares (el 30 % de la del 2001, en valores reales).
   La desocupación, deducidos los planes Jefes y Jefas de Hogar, alcanza al 18 % -o sea, el mismo nivel del 2001-.
   En otras palabras, la Argentina de 2005 es, en términos "per capita", la más endeudada, la más injusta y la más miserable de los últimos cien años. En dólares constantes, el PBI "per capita" de la Argentina de Kirchner es el mismo que el de la Argentina de Yrigoyen, en 1928.
Y todo ello se da mientras, exactamente a la inversa del 2001, todas las circunstancias externas se han conjugado en favor de la economía argentina. Las tasas de interés internacionales son de las más bajas de la historia, los precios de los productos agrarios están cerca de sus topes, el petróleo a 60 dólares el barril genera enorme una renta adicional para las finanzas públicas y la relación Euro-Dólar ha invertido su valor potenciando el poder de compra de los clientes tradicionales de la Argentina. Todo ésto sumado a que la demora en la normalización de las relaciones financieras internacionales generó un “colchón” de más de dos años sin pagar obligaciones externas.
Frente a este escenario, la reflexión obvia debiera ser: la Argentina está por dar el gran salto. Sin embargo, la desaceleración económica es un hecho, la inflación se instala nuevamente en dos dígitos y la conflictividad social crece.

¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué está pasando?

Suele afirmarse que frente a una situación de bonanza, caben dos actitudes posibles: aprovechar la bonanza para arreglar lo que está mal; o aprovechar la bonanza para disimular lo que está mal. Desgraciadamente, el camino tomado a partir del 2002 fue este último.
La Argentina ha reducido la confianza en su propia convivencia, requisito ineludible para potenciar un círculo virtuoso. No hay argentino que no desconfíe de quien tiene a su lado. El ejemplo tramposo del Estado, reiterado diariamente como valioso por el Presidente, no provoca otra cosa que la profundización de esta sensación. El descrédito internacional de la Argentina hace sintonía con el descrédito interno de lo público, y de todas las relaciones económicas privadas que requieren confianza. El disvalor de apropiarse de lo ajeno es moneda corriente, reiterado por el propio Estado cuando, sin debate alguno y sin otra fuente legal que la discrecionalidad presidencial, modifica tasas, haberes o impuestos con los que arrebata o distribuye porciones leoninas de riqueza a jubilados, empresarios y productores.
La política económica del presidente Kirchner ha jugado entre los extremos de forzar la recuperación de la demanda sin generar inversión, y en generar su “auto-respaldo” político desatando los instintos más primarios e irracionales del populismo ingenuo que le permitan cerrar la economía sobre sí misma. Cierto es que la sensata actitud del Ministro de Economía ha logrado evitar las posiciones más extremas, pero es indudable que la brecha entre las visiones más lúcidas del propio grupo de gobierno con las manías inmaduras y autoritarias del presidente difícilmente salden con el triunfo del primer grupo.
Ello pronostica que el agotamiento del modelo autocalificado irónicamente de “productivo” es virtualmente inexorable. Éste, en efecto, simplemente significó la reactivación del aparato económico argentino, al que se lo liberó durante tres años del peso de sus obligaciones externas (por el default) y se le inyectó la capacidad de demanda generada por la nueva situación internacional favorable. Pero ésto llega a su fin: para seguir creciendo, hacen falta inversiones “de las grandes”: gasoductos, centrales eléctricas, infraestructura, transporte, comunicaciones. Incluso agua potable y saneamiento. Sin embargo, esas inversiones son reacias con un marco legal que no ofrece seguridad jurídica, con un Parlamento que no debate leyes y que ha delegado sus facultades en el Poder Ejecutivo, con un Poder Judicial que dicta sus sentencias mirando de reojo a la Casa Rosada y con un sistema político sin transparencia en el que los fondos públicos se manejan con la discrecionalidad del patrimonio personal de los gobernantes -aunque sin el mismo celo.
Para reemplazar con inversión pública esa ausente inversión privada en infraestructura sería necesario mantener un creciente superávit fiscal destinado a tal fin, lo que es contradictorio con la construcción clientelística del poder que requiere persistir en elevados gastos corrientes. Mantener arbitrariamente el valor de la divisa en el nivel que “quiere” el presidente (alrededor de tres pesos por dólar) demanda un superávit fiscal mayor aún, para financiar esa "intención" comprando dólares en el mercado por encima de la demanda normal de la economía. Hacerlo con simple emisión monetaria reforzará la inflación –como lo está haciendo- y la alquimia de neutralizar esa emisión espuria con la colocación de deuda pública que la “absorba” generará un creciente costo fiscal, demandante de mayor superávit aún, y el renacimiento de la pura especulación financiera de corto plazo. Paralelamente, la recuperación inflacionaria de los precios irá en este caso “licuando” el nivel de tipo de cambio, vis a vis con el índice de precios.
El curioso razonamiento de que “ahora que crecimos, debemos repartir”, que se escucha en el rudimentario análisis de los reclamos salariales del gremialismo que apoyó el golpe y la devaluación pretende ignorar que los salarios miserables son la condición filosófica del modelo, ya que la recuperación salarial alejaría las ventajas del “dólar de tres pesos que quiere el presidente”. Para mejores salarios, no hay otra vía que más capacitación. Si los salarios crecen en el marco de este modelo, la válvula de escape será el descontrol de todas las variables (precios, tasa de interés, tipo de cambio y arbitrariedad estatal) retornando el caos, ya que el modelo no se justifica a sí mismo como buscando salarios altos, sino garantizando alta rentabilidad a los empresarios “protegidos”, lo que no es compatible con el incremento salarial reclamado. Para hacer crecer los salarios debiera existir una fortísima inversión en capacitación laboral, investigación aplicada y educación, lo que no es precisamente lo que vemos con el récord de días de clase perdidos por la inexistente política educativa.
O sea: el modelo "se queda sin nafta". Y, como vimos más arriba, en un nivel en el que ni siquiera recuperó la línea de partida. Ello era inexorable, como lo adelantamos en oportunidad del Acuerdo con el FMI en 2003. Pero lo más dramático es que en esta dirección, la Argentina nuevamente se queda sin futuro.

¿La Argentina tiene futuro?

Por supuesto que sí, pero nunca con este rumbo. El futuro que espera al país siguiendo esta dirección es una creciente tensión social trasladada a la política, conmociones económicas cada vez más amplias frente a estertores de autoridad estatal dando manotazos económicos hacia uno u otro lado y crecientes violaciones a los derechos de las personas con apropiaciones indebidas de patrimonios particulares, con el Estado convertido en un “gran ladrón”. Ya hemos vivido ésto en 1975, 1989/1990 y 2001/2002 y su reiteración ya se insinúa, con la manipulación de las "retenciones". Dentro de este esquema, el límite al crecimiento es lo que tenemos hoy y en términos sociales y políticos, creciente inseguridad e incertidumbre.
El futuro exitoso de la Argentina, por el contrario, está en retomar la senda del estado de derecho. No se inventa la pólvora al afirmar que se requiere transparencia, institucionalidad y federalismo fiscal. Plena vigencia del parlamento, especialmente en el plano impositivo, e independencia de la justicia. Respeto irrestricto a los derechos de las personas. Políticas económico-sociales inclusivas sin dejo de clientelismo, con la finalidad de incorporar a la producción a los argentinos en condiciones de trabajar, pisos de dignidad para niños, ancianos y desvalidos a través de programas públicos cuidadosamente alejados de la estructura política, fuerte inversión en educación pública y en el sector científico-tecnológico, y respaldo económico e institucional a los emprendedores e innovadores en el marco de la recreación de los premios y castigos apoyados en los tradicionales valores de trabajo, educación, asunción de riesgos y capacitación permanente. Escrupuloso respeto a las obligaciones del Estado para recuperar el prestigio internacional y la credibilidad del Estado argentino. Intransigencia frente al delito y los delincuentes, ricos o pobres. Alineamiento del país con las normas homologadas por la comunidad internacional exitosa, desarrollando en el marco de esas normas una lúcida estrategia nacional.
Con esos pasos, la Argentina podría recuperar su marcha ascendente luego de setenta y cinco años de caída libre.
Pero no vemos estas medidas en la agenda del presidente Kirchner, ni tampoco en la agenda predominante del debate público. Lamentablemente, todo parece indicar la persistencia en el rumbo trazado, con lo que la repetición de las viejas crisis de las siete décadas de estancamiento sólo es cuestión de tiempo. Quizás entonces sea el tiempo de reaccionar y que los dirigentes sanos y tolerantes que queden en la UCR, en el ARI, en RECREAR, en las fuerzas provinciales, liberales y socialistas, e incluso en dirigentes lúcidos del peronismo recuerden que su obligación principal es con el país más que con la intemperancia de la divisa y reconstruyan una gran coalición republicana recuperando lo valioso de la Argentina. Ello es posible porque ninguno de los temas de agenda mencionados, imprescindibles para el relanzamiento argentino, son intrínsecamente contradictorios con la ideología de ninguno ellos.